La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha mantenido en esta semana una ronda de reuniones en Bruselas para conocer en qué punto se encuentran las negociaciones para aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia sobre la inclusión ilegal de los territorios del Sáhara Occidental en el Acuerdo UE-Marruecos, así como para trasladar sus posicionamientos al respecto.

La delegación, encabezada por el responsable Estatal de Frutas y Hortalizas y miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG, Andrés Góngora, ha presentado sus planteamientos y demandas a la Comisión Europea, a varias eurodiputadas españolas del Parlamento Europeo y también a miembros la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.

Durante los encuentros, COAG ha advertido que la solución que acabe adoptándose no puede resultar perjudicial para las personas productoras de frutas y hortalizas en España y en la UE, que se ha de respetar la preferencia comunitaria y, por ende, nuestra soberanía alimentaria. “Estamos vigilantes ante las decisiones que se están tomando. No aceptaremos medidas que vengan a dañar aún más nuestra rentabilidad y, para ello, continuaremos trabajando en varios frentes, especialmente en los meses que restan hasta el plazo límite de aplicación de la sentencia”, ha señalado Góngora. “Hasta ahora, la información recibida es prácticamente nula. Hay muy poca transparencia y consideramos clave la participación de instancias como el Parlamento Europeo durante el proceso”.

Finalmente, COAG ha reclamado que se habiliten compensaciones específicas y mejoras en los sistemas de ayuda ya en marcha, como pueden ser los Programas Operativos de las OPFH, para que los productores y productoras afectados puedan paliar los daños que vienen dándose desde hace años por el incremento continuado de la entrada de producto procedente de Marruecos y del Sáhara Occidental.

El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó el pasado mes de octubre que el acuerdo UE-Marruecos, modificado en 2019, se sitúa en el terreno de la ilegalidad y viola el derecho internacional por vulnerar, en particular, los principios de autodeterminación y del efecto relativo de los tratados, al no prestar su consentimiento el pueblo del Sáhara Occidental. La sentencia del Tribunal confirmaba definitivamente la anulación de la Decisión del Consejo[1] que modifica el Acuerdo UE-Marruecos en materia de liberalización comercial de los productos agrarios, ampliando las preferencias arancelarias en él contenidas a los productos originarios del Sáhara Occidental. Sin embargo, permitía que el Acuerdo sobre medidas de liberalización en materia de productos agrícolas entre la UE y Marruecos se mantenga por un período de doce meses, hasta el 4 de octubre de 2025.