La Policía Nacional ha detenido a un empresario almeriense por su implicación en una trama de estafas que empleaba una red de empresas ficticias para facilitar contratos a extranjeros en situación irregular, todo a cambio de importantes sumas de dinero.

Está considerado como el cabecilla de la trama, llegando a cobrar a estas personas entre 3.000 y 4.000 euros por los trámites, principalmente ciudadanos de origen marroquí, argelino, guineano, burkinés y senegalés. A través de estas simulaciones laborales, no solo lograban permisos de residencia y trabajo, sino que algunos llegaron a cobrar prestaciones indebidas del SEPE y del INSS gracias a cotizaciones generadas de forma fraudulenta.

La Operación Jalapeño, desarrollada entre Murcia y Almería, se ha saldado con la detención de 45 personas, entre ellas el citado empresario almeriense, incluyendo a varios intermediarios y decenas de ciudadanos extranjeros. Están acusados de falsedad documental, fraude a la Seguridad Social, estafa y delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros.

Las investigaciones se iniciaron en diciembre de 2021 en Almería, a raíz de un informe de la Oficina Única de Extranjeros, que detectó un desproporcionado volumen de solicitudes vinculadas a una pequeña explotación agrícola. En Murcia, en octubre de 2022, se detectaron certificados falsificados de la misma empresa, lo que motivó la apertura de diligencias conjuntas entre el Grupo II de la UCRIF de la Comisaría Provincial de Almería (Operación Jalapeño) y el Grupo IV de la UCRIF de la Jefatura Superior de Policía de Murcia (Operación Mirlo).

En Almería fueron arrestadas 26 personas, entre ellas el empresario de 55 años que lideraba la organización y varios intermediarios marroquíes y argelinos, además de ciudadanos extranjeros que se beneficiaron del fraude. En Murcia se practicaron 19 detenciones adicionales, incluyendo a dos intermediarios y numerosos inmigrantes implicados en el uso de contratos falsos.

La investigación reveló que la empresa carecía de actividad real y había sido declarada “ficticia” tras una inspección laboral, confirmando que su único fin era lucrarse mediante la venta de contratos falsos. Los agentes de la Policía Nacional recabaron pruebas documentales, declaraciones de víctimas y testigos, así como reconocimientos fotográficos que permitieron identificar con precisión a todos los implicados.

La operación se desarrolló en varias fases entre mayo y julio de 2025, con actuaciones en Almería y Murcia, y concluyó con la desarticulación de la red y la puesta a disposición judicial de todos los detenidos. Las diligencias han sido asumidas por el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería y el Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia.

Los arrestados, algunos con antecedentes por hechos similares, han sido acusados de delitos de falsedad documental, estafa, fraude a la Seguridad Social y favorecimiento de la inmigración irregular. Mientras se resuelve su situación judicial, la Policía Nacional mantiene abiertas diligencias para localizar a otros implicados.