La aprobación de estos programas, según indicaron las citadas fuentes, supone un proceso de colaboración novedoso entre las autoridades competentes de las comunidades autónomas que estén implicadas territorialmente en las acciones previstas en los programas. Todo ello, ha generado una gran preocupación en el sector por "los retrasos y disfunciones administrativas que se puedan producir", ya que consideran que eso puede afectar negativamente, no sólo a la aprobación y ejecución de los programas, sino también al pago de la ayuda comunitaria, añadieron las fuentes. Los programas operativos constituyen el principal instrumento para la financiación de las inversiones y mejora de la calidad del sector hortofrutícola y fueron establecidos en la reforma de la Organización Común de Mercados (OCM) del sector de 1996. Los programas son cofinanciados en un 50 por ciento por las organizaciones de productores y en otro 50 por ciento por fondos comunitarios, sin que exista cofinanciación ni de la administración central ni autonómica.