La mayor parte de las respuestas señalan que es necesario dar prioridad a los niños y a los jóvenes, porque es en este sector de población donde la obesidad aumenta más rápidamente. Sugieren que es necesario aumentar el valor nutricional de las comidas escolares, subvencionando la oferta de frutas y hortalizas y leche. Asimismo, abogan por prohibir la venta de refrescos y bollería industrial en las escuelas. En paralelo, se debería mejorar la formación del personal que trabaja en las cocinas de los colegios, establecer normas específicas sobre las comidas escolares y llevar a cabo controles. También se apuesta por poner en marcha programas de educación alimentaria para los niños y también para los padres, y se señala la importancia de promover el ejercicio físico en la escuela y facilitar que se pueda llegar a los colegios a pie o en bicicleta. Uno de los puntos más polémicos de la consulta se refiere a la información que debe dar la industria a los consumidores. Mientras que las empresas apuestan por la autorregulación en el etiquetado como mejor manera para ofrecer datos claros, coherentes y científicamente fundados, los consumidores creen que no es suficiente para atajar la publicidad para los alimentos ricos en calorías pero pobres en nutrientes. Para ayudar al conjunto de los consumidores a optar por alimentos sanos, los contribuyentes a la consulta dicen que hay que animar al consumo de frutas y verduras, reducir el de materias grasas, promover un régimen alimentario equilibrado, aumentar el consumo de cereales o productos ricos en fibras, limitar el azúcar y las sodas, disminuir la sal y reducir el tamaño de las porciones. La consulta dedica un apartado específico a los centros de trabajo. Se recomienda ampliar la disponibilidad de alimentos sanos en las cantinas o distribuidores automáticos, reducir la oferta de productos con fuerte contenido energético, promover el ejercicio en el propio lugar de trabajo o cerca, y fomentar el uso de la bicicleta o el desplazamiento a pie entre el domicilio y la sede de la empresa. También se sugiere la posibilidad de usar incentivos económicos para promover la actividad física, la puesta en marcha de políticas tarifarias favorables al deporte o la mejora de la calidad y la accesibilidad de las instalaciones deportivas. Otra prioridad debería ser mejorar la formación de los profesionales sanitarios sobre la influencia de la alimentación y la actividad física sobre la salud. Todos los sectores apuestan por un enfoque multisectorial para abordar el problema de la obesidad, con la implicación de políticas comunitarias como agricultura, educación, transportes y urbanismo. Asimismo, exigen una mayor cooperación entre la UE y los Estados miembros, y el establecimiento de líneas directrices en materia de nutrición y actividad física basadas en datos científicos. También se defiende una evaluación del impacto sobre la salud y el análisis de coste-beneficio de las políticas para aumentar la sensibilización de los poderes públicos. Asimismo, se destaca la necesidad de contar con datos comparables sobre obesidad en toda la UE.