Por otro lado, los problemas que representa el cambio climático y la influencia que en éste pudieran tener los gases de efecto invernadero, medidos en equivalentes de CO2, obligaron a las Naciones Unidas a actuar. Consecuencia de ello fueron los acuerdos del Protocolo de Kyoto al que se adhirieron la mayoría de los Estados. La Unión Europea firmó precisamente el Tratado y estableció una política de apoyo al conjunto de las energías renovables y muy particularmente a la gradual sustitución de los combustibles de origen fósil por otros de carácter renovable, en base a las llamadas producciones agroenergéticas. A pesar de ello el ritmo de consecución de los objetivos previstos no ha alcanzado el nivel deseable, si bien el crecimiento de las superficies dedicadas a cultivos energéticos en España ha pasado de 2000 ha en 2004 a 25.000 ha, en 2005, con una previsión de crecimiento para el año 2006 de no menos de 150.000 ha. Conclusiones: - La agricultura y el medio rural, sin renunciar a su papel en el sistema agroalimentario y su contribución al mantenimiento medioambiental, se constituye como un instrumento muy eficaz para aportar soluciones a los problemas energéticos, tanto en el ámbito de la Unión Europea como en España. - Los niveles de precios del petróleo unidos a las demandas sociales sobre el medio ambiente aconsejan acelerar la consecución del objetivo de 5,75 por ciento en el año 2008 en lugar del 2010. - Igualmente sería deseable para el horizonte 2010 -2012 un porcentaje de mezcla de al menos el 10 por ciento. - Para conseguir este objetivo resulta obligado por parte de la UE incrementar de manera sustancial la subvención de 45 euros/ha así como la superficie total elegible. - Es aconsejable que Organizaciones Agrarias y Cooperativas trabajen conjuntamente con las Empresas del Sector Agroenergético para la consecución de un marco contractual estable, en el que debería contemplarse la variabilidad del precio del barril de petróleo. - Aunque en el caso de España se produce un déficit de las producción de gasóleo y un exceso de gasolinas, lo que implicaría una mayor tendencia a la producción de biodiesel y una mucho menor de bioetanol, es aconsejable mantener la proporcionalidad que marca el Plan Energético Nacional entre ambos productos. - En la política de exenciones fiscales, conviene dar un tratamiento singularizado que favorezca la producción de biocarburantes a base de materias primas de producción nacional. - El ingente volumen de biomasa disponible que se puede acrecentar notablemente con el desarrollo de cultivos energéticos específicos, aconseja intensificar las políticas que propicien el despegue de las tecnologías agroenergéticas, siendo conscientes de la importancia que tiene la solución de los problemas de logística para el correcto aprovisionamiento de las industrias transformadoras. En el mismo sentido es necesario un inventario nacional a nivel comarcal sobre los recursos potenciales de biomasa. - El sector agrario demanda políticas de ahorro energético. Hay que poner de relieve que es el único sector que ha experimentado una disminución notable en algunos inputs como el consumo de agua para riego y mejorado notablemente la eficacia hídrica en nuestros regadíos. A este respecto el plan de choque sienta un precedente notable, ya que por primera vez se valoran los proyectos de regadío en función no solo del número de hectáreas y de usuarios beneficiados, sino también por el volumen de agua ahorrado. - Los agricultores organizados, particularmente en cooperativas, disponen de un potencial económico suficiente para abordar con éxito proyectos que vayan mas allá de la simple producción de las materias primas energéticas, debiendo entrar, además, en su transformación y distribución. Y ello a través tanto de empresas propias como participadas.