Para ello, se fija la condición de que los acuerdos adoptados cuenten, al menos, con el respaldo del 50% de los productores y operadores de las distintas ramas profesionales implicadas, que, a su vez, representarán como mínimo a las dos terceras partes de las producciones afectadas. Dichas normas deberán estar relacionadas con aspectos como la calidad, el respeto al medio ambiente, las acciones de promoción y la mejora de información sobre las producciones. El objetivo es facilitar la defensa de los intereses de los productores e industriales en los mercados nacionales e internacionales. Con ello se beneficiarán especialmente las producciones andaluzas de mayor calidad y peso específico, como el aceite (82% de la producción española), la aceituna de mesa (75%), el algodón (95%), la fresa (93%), la hortalizas (43%), el arroz (36%), la flor cortada (50%) y el ajo (34%), además de las 26 denominaciones de origen y de calidad reconocidas en la comunidad autónoma. Las organizaciones que se reconozcan para un determinado sector o producto deberán aglutinar al menos un 25% ciento de los productores u operadores de las distintas ramas profesionales, que representarán, a su vez, un mínimo del 35% de las cantidades producidas, transformadas y comercializadas en cada caso. No obstante, estos porcentajes podrán reducirse hasta el 20% en un determinado sector o producto cuando así lo justifiquen todas las organizaciones representativas del correspondiente ámbito territorial. Además del reconocimiento por sectores y por producciones de calidad, se prevé también la posibilidad de que se constituyan, con carácter excepcional, organizaciones interprofesionales por productos concretos cuando la diferenciación por calidad dé lugar a un mercado específico.