La propuesta aprobada en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo modifica sustancialmente la original que presentó la Comisión Europea, cuyo principal defecto era tratar de armonizar el tratamiento que debe recibir el suelo, sin tener en cuenta las diferencias que existen entre los distintos Estados miembros ni la legislación que algunos de ellos tienen en vigor. Según los europarlamentarios, se ha tratado de conciliar el hecho de que sólo nueve de los 27 Estados miembros tuviera una legislación para proteger el suelo. La propuesta obliga a los Estados miembros a elaborar un inventario de suelos que sea público y a identificar aquellos que estén o hayan estado contaminados por un uso anterior, que deberán actualizar de forma periódica. También exige a cada país elaborar un plan de protección de las distintas áreas, especialmente aquellas que puedan estar más expuestas a los fenómenos derivados del cambio climático, como la desertificación, la sequía, las inundaciones, la salinización o la pérdida de biodiversidad. Los Estados miembros deberán cumplir con los objetivos que se marquen para proteger la riqueza ecológica o histórica de un suelo.