El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que refuerza los requisitos y condiciones de autorización sanitaria de los establecimientos y servicios biocidas en Andalucía, además de crear un registro oficial que regulará su funcionamiento y un censo de todos los servicios procedentes de otras comunidades y que desarrollan alguna actividad en la comunidad. Los biocidas son sustancias o preparados, tanto de origen biológico como químico, que se aplican contra cualquier microorganismo considerado nocivo para el ser humano con el objetivo de destruir, contrarrestar, neutralizar o impedir su acción. Entre los principales biocidas se encuentran los desinfectantes y los insecticidas. Con esta normativa, todos los establecimientos y servicios que trabajen y tengan sede en Andalucía estarán sujetos a autorización sanitaria e inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía. Asimismo, estos locales tendrán que disponer de almacenes, con acceso restringido a las personas ajenas a la actividad, capacidad adecuada al volumen de los productos que guarda y cumplimiento de fichas de seguridad. Además, la normativa establece las bases del Libro Oficial de Movimientos Biocidas como sistema de control, y que permitirá conocer la trazabilidad de los productos que se comercialicen o apliquen en el territorio andaluz. Con esta nueva regulación, se refuerza el procedimiento y los requisitos para la autorización sanitaria de las instalaciones que fabriquen, envasen, almacenen o comercialicen estos productos en Andalucía, así como de las entidades que los apliquen para distintos tratamientos. También se fijan los criterios para el reconocimiento sanitario de los centros que, pese a no estar ubicados en Andalucía, utilicen estas sustancias en el territorio andaluz. El decreto enumera, además, los requisitos y documentos necesarios para obtener la autorización sanitaria y para su renovación, entre ellos los relativos a la gestión de los residuos peligrosos que se puedan generar, la seguridad laboral y la capacitación profesional. Este documento tendrá eficacia durante un plazo de diez años desde la fecha de su concesión.