La ley aprobada ayer permitirá la regulación del sector en el ámbito del nuevo Estatuto de Autonomía, que en su artículo 83 le atribuye competencia exclusiva sobre denominaciones de origen y otras menciones de calidad. El proyecto de Ley se estructura en cinco grandes bloques, que definen las figuras de calidad y sus niveles de protección, la configuración de los órganos de gestión, control y certificación, así como el régimen sancionador. Como novedades, destaca la consideración de los nombres geográficos protegidos, y en especial de las denominaciones, como bienes de dominio público de titularidad de la Comunidad Autónoma. El proyecto de Ley establece distintos niveles de protección, diferenciando entre vinos de mesa, con derecho a la mención Vinos de la Tierra, y vinos de calidad producidos en determinadas zonas. Éstos, a su vez, pueden ser de Calidad con Indicación Geográfica o Vinos con Denominación de Origen (DDOO), que podrá ser calificada. La última categoría corresponde a los Vinos de Pago, inscritos dentro de las denominaciones de origen pero originarios de una zona con características de suelo y microclima propias que los diferencian de otros de su entorno.