Andalucía considera conveniente que se apliquen criterios de gestión en producción integrada a los productos fitosanitarios autorizados. Éste es uno de los argumentos que defiende la comunidad ante la modificación del reglamento comunitario sobre comercialización de productos fitosanitarios. La propuesta comunitaria ha sido analizada por el Consejo Consultivo de Política Agrícola, celebrado en Madrid bajo la presidencia de la Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, y al que ha asistido el consejero de Agricultura y Pesca, Martín Soler. El reglamento comunitario que está siendo debatido por la Comisión pretende encontrar un equilibrio entre salud pública y medio ambiente, garantizando la competitividad de la agricultura. Sobre este asunto, Martín Soler ha expuesto que desde la Comunidad andaluza se entiende que la aplicación de unos criterios restrictivos sobre la sustitución de fitosanitarios puede provocar la eliminación de facto de sustancias activas que pueden tener interés en el control de plagas y en la disminución de competitividad de las explotaciones. El consejero ha subrayado los aspectos positivos de la propuesta comunitaria, como el hecho de que la autorización de un producto por parte de un Estado integrado en una de las tres zonas agronómicas en que se divide el territorio de la Unión Europea se hará extensible, automáticamente, a los países incluidos en la misma zona. España, Grecia, Portugal, Francia y Malta conforman una de estas zonas. Por el contrario, en el lado negativo se encuentra el criterio de la Comisión de reducir estas materias activas, toda vez que ello supondría un riesgo de pérdida de competitividad respecto a Terceros Países. Los argumentos de Andalucía se basan en una mayor rotación de materias activas para evitar la aparición de resistencias. Asimismo, cuanto mayor sea el número de materias activas más difícil es encontrar productos que sobrepasen el Límite Máximo de Residuos en productos.