Los ayuntamientos andaluces recibirán este año 168.971.568 euros para el programa de fomento de empleo agrario -antiguo PER-, destinado a contratar mano de obra para la construcción de infraestructuras municipales en el medio rural. El gobierno central aporta a través del servicio público de empleo estatal -antiguo INEM- 120,6 millones para financiar la mano de obra y los restantes 48,27 millones los ponen la Junta (el 75 por ciento equivalente a 36.208.193 euros), 1,3 millones más que en 2004, y las Diputaciones (25 por ciento equivalente a 12.069.397 euros) y se destinan a financiar los materiales para realizar obras de infraestructuras en los municipios andaluces. Los consejeros de Gobernación, Evangelina Naranjo, y de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, firmaron ayer con los presidentes de las ocho diputaciones provinciales los convenios de colaboración para financiar los materiales del programa de fomento de empleo agrario. Las actuaciones de dicho programa abarcan desde la construcción de parques o jardines hasta la modernización de regadíos y la urbanización de polígonos industriales o el arreglo de calles. Tras la firma del convenio la consejera de Gobernación destacó la importancia de este tipo de programas para el desarrollo de los municipios andaluces, a pesar de las "críticas de algunos", y sostuvo que es un ejemplo de colaboración entre las administraciones. Resaltó que desde la firma del primer acuerdo de este tipo en 1986 hasta este año el Estado, la Junta y las corporaciones locales han destinado al programa de fomento de empleo agrario más de 2.700 millones de euros. El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, que habló en representación de todas las Diputaciones, subrayó que con este convenio se reafirma la apuesta política de estas administraciones y destacó que los fondos del antiguo PER han servido para transformar los pueblos de Andalucía. Indicó que actualmente las inversiones se orientan hacia la creación de empleo y el desarrollo económico y dijo que se debe seguir por esa senda, al tiempo que abogó por reformar los flecos que quedaron pendientes de la última reforma del desempleo agrario que realizó el anterior gobierno del PP. Villalobos señaló que mantienen las mismas reivindicaciones para corregir determinados requisitos que se exigen para cobrar el desempleo agrario (como diez años de empadronamiento, entre otros), si bien aseguró que el gobierno central es receptivo a estos cambios.