El pasado lunes, 1 de septiembre, entra en vigor el Reglamento número 149/2008, de la Comisión Europea (CE), y que fue publicado el pasado 1 de marzo. Esta norma establece los Límites Máximos de Residuos (LMR’s) armonizados para una serie de productos vegetales y, por tanto, elimina, automáticamente, todas las legislaciones nacionales existentes en esta materia. De este modo, los exportadores de la provincia almeriense, a partir del lunes, sólo tendrán que preocuparse por el destino de sus productos cuando éstos se dirijan a cualquier país extracomunitario. En este sentido, Andrés Góngora, secretario provincial de Coag, comentó que «ésta ha sido una demanda de Almería durante muchos años» y añadió que, precisamente por ello, «aplaudimos la publicación de la norma en su momento». Pese a todo, Góngora lamentó que el Reglamento «tiene un problema». El máximo responsable de Coag a nivel provincial explicó que «las grandes cadenas de distribución, a través de las empresas de certificación, piden unos LMR’s diferentes», sin embargo, «ya pedimos a la CE que lo impida, aunque aún no hemos tenido respuesta». Según explicó Góngora, estas grandes cadenas ya tenían armonizados sus propios LMR’s antes de que se publicara el Reglamento pero, ahora, «ya no tiene sentido». La única explicación que encontró para esta forma de actuar de las cadenas de distribución es que «quieren vender sus productos haciendo ver a los consumidores que ellos son más estrictos que la normativa europea», es decir, pretenden mostrarse más preocupados por la seguridad alimentaria. Asimismo, Góngora señaló que el hecho de que las distribuidoras fijen sus propios límites puede traer consigo «la posibilidad de aplicar reclamaciones a pedidos hechos». En este sentido, indicó que los exportadores podrán comercializar productos «que cumplen la ley, pero no con la normativa interna» y añadió que, entonces, «habrá que renegociar los acuerdos comerciales y, evidentemente, se hará a la baja». Por su parte, Francisco Vargas, presidente de Asaja en Almería, señaló que la postura adoptada por las distribuidoras es «una traba para presionar al productor».