Aunque nace con una finalidad concreta, servirá no sólo para la gestión de ayudas sino también para la aplicación de las nuevas orientaciones que establece la Política Agraria Comunitaria. Asimismo, se tomará como base para otras actividades como la realización de estudios, estadísticas u otros proyectos que requieran información territorial. El SIGPAC no es un catastro paralelo sino una de las referencias territoriales propias de la Administración Agraria, que pretende extenderse a otros departamentos de la Junta, principalmente a las Consejerías de Medio Ambiente y Obras Públicas y Transportes, con las que se comparte esta información. Una de sus características es que vincula bases de datos -- por ejemplo de cultivos, titulares de explotaciones y otros-- con información geográfica. En esta última se define y localiza la extensión de la superficie susceptible de recibir ayudas, facilitando su gestión y control. Con este sistema, se pretende solucionar las limitaciones del catastro, que a menudo resultaba insuficiente y daba lugar a incoherencias. Elaboración propia La elaboración del SIGPAC arranca en 2001, tras el correspondiente encargo de la Comisión Europea a la Dirección General del Fondo Español de Garantía Agraria. No obstante, Andalucía, junto con otras cuatro Comunidades autónomas, acordó con dicho organismo la realización del SIGPAC por su cuenta. Desde un primer momento, Andalucía ha apostado por la elaboración propia del SIGPAC, con el fin de poder incorporar las particularidades de la región. Realizado por técnicos de la Junta, según la metodología establecida por el Fondo Español de Garantía Agraria para todo el territorio nacional, el SIGPAC se ha expuesto a los interesados para proponer modificaciones. Una vez estudiados y verificados estos cambios, se han ido incorporando los que están suficientemente acreditados. Para la realización del SIGPAC, se ha fotointerpretado aquello que se ha considerado interesante para un sistema de este tipo, sin perder de vista las perspectivas de la Reforma de la Política Agraria Común. En este sentido, se han asignado los usos del territorio teniendo en cuenta la realidad productiva de Andalucía, y con mayor grado de detalle. El resultado del trabajo se ha plasmado en ortofotomapas, realizados por las consejerías de Obras Públicas y Transportes, Medio Ambiente y Agricultura y Pesca, en los que el interior de las parcelas se ha subdividido en ‘recintos’, en función de los diferentes usos agrarios. Para ello, se han empleado mapas y documentos catastrales, que se han integrado junto a una ortofotografía aérea a escala 1:5.000 resultado de un vuelo en blanco y negro a escala 1:20.000. En la misma, se identifica cada una de las parcelas agrícolas que existían en el territorio andaluz en los años 2001-2002, fecha de realización de los vuelos. A este trabajo se ha dedicado un equipo de casi 500 personas especialmente formadas en nuevas tecnologías aplicadas a la gestión del territorio. Para la realización del estudio, han dedicado más de 400.000 horas para fotointerpretar más de 5,6 millones de recintos creados sobre más de 2,8 millones de parcelas. La complejidad del sistema ha obligado a la Consejería de Agricultura a realizar un proceso abierto y por etapas, para la implantación del Sistema de Información Geográfica e Identificación de Parcelas Agrícolas. Así, en julio de 2004 se inició el proceso con la puesta en marcha de un periodo de prueba, cuyo objetivo era dar a conocer el proyecto y la norma que lo regula, así como facilitar a los interesados la posibilidad de proponer cambios de datos y geográficos. Durante el periodo de implantación, la Consejería de Agricultura ha llevado a cabo un trabajo exhaustivo, en el que ha contado en todo momento con la aportación de las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas, además de los particulares. SIG oleícola Concluidos los trabajos del SIGPAC, la Consejería de Agricultura y Pesca ha comenzado a integrar los datos del Sistema de Información Geográfica Oleícola en el de Parcelas (SIGPAC), para tener un único registro. Cabe destacar que el SIG Oleícola se realizó, como exigía la UE, tras la reforma de 1998 de la OCM del aceite de oliva, con el objetivo de conocer la realidad del sector. Esa información se está actualizando y se incluirá en el SIGPAC. Pero antes, se ha abierto un proceso de revisión de datos para que los implicados puedan solicitar cambios antes de su entrada en vigor el próximo otoño. Los datos del Sig Oleícola serán obligatorios en las solicitudes de ayudas a la producción de aceite de oliva para la campaña próxima 2005/2006. La complejidad del proceso ha obligado a la Junta a ampliar sucesivamente el periodo de presentación de alegaciones que, inicialmente, debía hacer concluido el pasado 30 de junio. Sin embargo, esa fecha se trasladó al próximo 16 de agosto y está previsto ampliarla al 15 de septiembre, con el fin de subsanar posibles errores. De estos periodos de información pública, se ha informado a los oleicultores a través de cartas personales y otros medios de difusión, así como de atención personalizada, apoyada por técnicos de la Junta. El objetivo es ayudar a los interesados a cumplimentar las alegaciones, principalmente las referidas a cambios gráficos que son los más complejos. En total, en la primera fase del periodo de información pública – último cuatrimestre de 2004--, se recibieron unas 9.000 propuestas de cambio o modificación de datos. Por su parte, en la segunda fase, que continúa abierta a la incorporación de cambios, se han presentado casi 20.000 alegaciones que están resolviéndose.

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