En el caso andaluz, hubo el pasado año 85 expedientes que totalizaron casi 552.000 euros, con una media de 6.494 euros. Ésta es la cuarta cuantía más elevada, tras las de Extremadura, Comunidad Valenciana y La Rioja –ninguna de ellas alcanza los 7.000 euros–. 20.521 jóvenes españoles se han beneficiado desde el año 2001 y hasta 2005 de incentivos públicos para iniciar su andadura en la agricultura y la ganadería. De ellos, casi el 15 por ciento lo hicieron en la comunidad, cuyas cifras absoluta, 2.998, y relativa fueron las más elevadas de España, si bien hay que tener en cuenta que el peso económico y laboral del campo andaluz es el mayor dentro del conjunto del Estado. No obstante, COAG advierte de un sustancial retroceso en la aprobación de expedientes de incorporaciones al campo en las regiones Objetivo 1 –aquellas cuya renta se sitúa por debajo del 75 por ciento de la media europea–, que es especialmente intenso en Andalucía. Si en 2002 fueron 828 andaluces, la cifra bajó de los 600 los dos años siguientes, y quedó en 363 en 2005. La renovación generacional agraria, sin embargo, no se extingue en esas cifras. Éstas se limitan a contabilizar a quienes solicitaron y percibieron incentivos –siempre restringidos por las estrecheces presupuestarias–, pero no a los que quedaron fuera, ni todos los que heredan tierras y negocios. En Andalucía las administraciones dispensan la mayor cuantía media para propiciar la instalación de un joven agricultor, según las cifras correspondientes al ejercicio pasado. Son 34.738 euros –el promedio estatal, 27.666–, que incluyen las subvenciones directas y la bonificación de los intereses de los préstamos solicitados para tal fin. Cada nuevo joven agricultor andaluz afrontó en 2005 una inversión de 106.336 euros para adentrarse en el negocio agrario, el mayor dato regional y superior en un 80 por ciento al que arroja el promedio nacional. Con 28 años y tras un breve paso por la construcción, Benito Benítez apostó por continuar la tradición agraria de sus padres, pero en un cultivo que, por entonces, ofrecía mayores posibilidades que los tradicionales algodón y remolacha de la comarca sevillana de Lebrija: la flor cortada. Se decidió a montar un invernadero, con una inversión de 54.000 euros, y unas ayudas de 14.400 euros, que llegaron con dos años retraso "y que se las comieron los bancos, porque entonces los intereses eran carísimos, no como ahora". Con unos comienzos difíciles, se hizo socio de la cooperativa Las Marismas, que comercializa su producción de claveles y clavellinas. Diez años después de aquella incursión, realiza un balance. "Yo no recomiendo el campo a los jóvenes. Es muy duro y hay muchas incertidumbres, sobre todo con las subvenciones. Parece como si nos quisieran echar de aquí". El campo, para quien le guste. .