El Convenio de Planificación de los flujos migratorios en el sector agrícola contará con 600.000 euros para 2007/2008

El Convenio de Planificación de los flujos migratorios en el sector agrícola contará con una dotación para la campaña 2007/2008 de 600.000 euros, que cofinanciarán el Gobierno en un 80 por ciento y el resto, la Federación Española de Municipios y Provincias, los sindicatos y las organizaciones y empresarios agrarios. Así lo establece el convenio firmado ayer por la directora general de Inmigración, Marta Rodríguez-Tarduchy, y los representantes de las cuatro principales organizaciones empresariales del sector agrario (Asaja, Coag, UPA y la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas y Plantas Vivas (Fepex), con UGT y CCOO y con la Federación Española de Municipios y Provincias. Según informó el Ministerio de Trabajo, la finalidad de estos convenios es instrumentar las actuaciones de planificación y organización que se realicen en el marco de los Convenios firmados por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, con las mismas organizaciones, en julio de 2006. Estos convenios tienen como prioridad disponer en cada momento y lugar de los trabajadores necesarios, garantizando el cumplimiento de las normas laborales y de inmigración, las condiciones de trabajo y la adecuada integración sociolaboral de los trabajadores. La responsable de comunicación y migraciones de la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras (CCOO), María José Rodríguez, valoró la firma de estos convenios ya que aseguran el correcto funcionamiento y desarrollo del convenio marco que regula los flujos migratorios y que se cumplan las condiciones sociolaborales. La portavoz de migraciones de la Federación Agroalimentaria de la Unión General de Trabajadores (UGT), María Ángeles Repilado, destacó que con la dotación económica que corresponde a los sindicatos se facilita el seguimiento que se hacen de las distintas campañas y poder así denunciar las irregularidades que se produzcan.

Ambos sindicatos valoraron que con este financiación además se facilita el desarrollo de los distintos grupos de trabajo creados por el convenio marco como el del mapa de las campañas agrícolas y el de las condiciones mínimas de habitabilidad para ordenar el trabajo en las campañas agrícolas. El vicepresidente de ASAJA, Juan Sánchez Brunete, señaló que el convenio trata de evitar posibles fraudes en la contratación de inmigrantes de carácter legal en el campo y de agilizar los trámites de forma que pueda llegar a ser casi automático. Destacó la formación de grupos de trabajo para la elaboración de un mapa de planificación de campañas y análisis de las necesidades de manos de obra, así como la mejora de las condiciones de habitabilidad de los alojamiento de temporeros.Desde COAG, la responsable de este área, Nieves García, recordó que este convenio es fruto del anterior acuerdo marco, más global, firmado el pasado mes de julio, y recoge los compromisos específicos de cada una de las partes. En este sentido, indicó que para las organizaciones profesionales se centra en incentivar a los agricultores a planificar la recolección, a mantener unas condiciones dignas de alojamiento y de informar sobre las contrataciones. La representante de UPA, Teresa López valoró el convenio que permitirá a los pequeños agricultores y ganaderos, "a los que resulta muy costoso contratar por lo cortas que son sus campañas", la agrupación de campañas y garantizar unas condiciones laborales para los contratados dignas y legales. López insistió en que la dotación económica que permitirá la ejecución de los objetivos del convenio supone un gran esfuerzo, "aunque las ayudas siempre son mejorables", apostilló. El responsable de relaciones laborales de Fepex, Jose Manuel Moreno, valoró la firma de los convenios y su dotación económica, que permitirá el desarrollo de los compromisos adquiridos por todas las partes. Señaló que esta regulación de los flujos migratorios favorece las contrataciones en el sector tanto para contratadores como contratados y que permitirán extender este ejemplo de contratación a nuevas zonas, ya que actualmente la mayor parte de los temporeros se reclaman en Andalucía y el Levante español.