La patronal agraria ASAJA denunció el viernes que los agricultores y ganaderos contribuyen cada año con más de 50 millones de euros a las arcas públicas de los municipios en los que se localizan sus explotaciones, a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de Naturaleza Rústica sin tener contraprestaciones. En un comunicado, ASAJA informó de que en 2005, los ayuntamientos de los 770 municipios andaluces recaudaron 51.304.000 euros en concepto de IBI de rústica, que debería revertir en la mejora de las infraestructuras que emplean los propios agricultores, aunque "son muy pocos los municipios en que todo o parte de este impuesto se destine, en contrapartida" a esta mejora. ASAJA señala que las entidades locales, destinatarias de estos impuestos, tienen las competencias para reparar, mejorar y mantener los caminos rurales. Desde la presidencia de ASAJA en cada una de las ocho provincias se han dirigido más de 4.000 cartas instando a los partidos políticos a incluir en sus programas electorales "la mejora y el acondicionamiento de las infraestructuras agrarias del medio rural". "Si queremos ser competitivos, si pretendemos modernizar nuestra agricultura, necesitamos contar también con las infraestructuras adecuadas", subrayó la organización agraria.