En el último año, las medidas de la Unión Europea se han endurecido. Los alimentos deben respetar unos Límites Máximos de Residuos (LMR) de plaguicidas y en ningún caso sobrepasarlos. El LMR es diferente según el producto y el país de destino. Los países europeos más exigentes en este sentido son Reino Unido o Austria. Pero el principal cliente de la provincia, Alemania, también se ha vuelto más exigente. El pasado uno de marzo entró en vigor una nueva normativa que endurecía las medidas. En el caso del tomate los LMR permitidos no pueden rebasar el 80 por ciento; mientras que antes esta hortaliza podía llegar al cien por cien del límite. Las cooperativas y empresas exportadoras se adaptaron a esta restricción del LMR al que además había que sumar la limitación a cuatro el número de sustancias pesticidas y no rebasaran ese 80 por ciento. Las empresas almerienses no han tenido problemas con esta nueva normativa puesto que generalmente los límites máximos de residuos son bien cumplimentados. Esta norma además ha hecho estar más atentas a las comercializadoras. La tendencia de los supermercados alemanes será la de ir aplicando la limitación de residuos en cada una de sus tiendas. El Límite Máximo de Residuos es la concentración máxima de residuos de un plaguicida, para que se permita legalmente su uso en la superficie o la parte interna de productos alimenticios para consumo humano o piensos. Pero para producir un rápido cambio de actitud y mentalidad de los productores es necesaria la actuación de la administración. En este sentido, el pasado 29 de mayo el consejero de Agricultura y Pesca, Isaías Pérez Saldaña, presentó una guía de buenas prácticas agrarias de aplicación obligatoria para todos los agricultores de la provincia. Con el nombre de ‘Código Verde’ esta guía pretende conseguir que agricultura almeriense sea la primera en ir hacia esas buenas prácticas agrícolas. El Código Verde contempla en total nueve medidas cuyo cumplimiento es obligatorio para los agricultores. Entre las buenas prácticas agrícolas se encuentra la obligación de poner una doble puerta de entrada para impedir la contaminación física directa de los cultivos a través de insectos. Otra de las buenas prácticas es la colocación de mallas de entrada en las bandas, cumbreras y roturas en la cubierta del plástico. Será obligatoria también la desinfección del suelo de entrada ya que la mayoría de las plagas se encuentran en el suelo. Por otra parte, será necesaria la colocación de trampas para insectos, la eliminación de residuos vegetales y el uso correcto de los fitosanitarios. Y una medida que no es obligatoria aunque sí recomendable es el control biológico de plagas, es decir el control mediante insectos depredadores de los insectos portadores de virus. El ‘Código Verde’ contempla también la protección del medio ambiente y la salud laboral del trabajador. En este sentido se exigirá a los agricultores la utilización de un equipo adecuado de protección para evitar intoxicaciones y daños de la piel. Se prohibirá asimismo el uso de ‘pull fog’ y será obligatoria la devolución de los envases vacíos por tener la consideración de residuo peligroso. La aplicación de todas estas medidas es un buen paso para la adaptación del campo a las nuevas exigencias del consumidor europeo. Es necesario avanzar en medidas culturales como por ejemplo la eliminación de los restos vegetales. «Sería muy positivo para el campo que la administración pusiera fechas respecto a la limpieza del campo y que todos los agricultores tuvieran que cumplirlas», explica, Manuel Escobar. De esta manera, se evitaría el traslado de plagas de un invernadero a otro colindante. Semilleros Los semilleros de la provincia también comienzan a adaptarse a las nuevas exigencias de los consumidores europeos. En el caso de semilleros El Plantel, esta campaña ha decidido instalar control biológico en toda la planta. El gerente de la empresa, Manuel Escudero, explica que «en el caso de que sea necesaria la aplicación de fitosanitarios aplicamos los productos publicados por la Junta de Andalucía que no son perjudiciales para los insectos depredadores». Los tratamientos se realizan según las necesidades y el producto, de manera que cuando se realice el trasplante no quede ningún residuo que pueda perjudicar al insecto. La Consejería de Agricultura anunció además la puesta en marcha de un sistema de inspección y seguimiento de la aplicación de las normas. Las sanciones por su incumplimiento podrían llegar al precintado de la finca si se considerase foco de infección de cultivos colindantes. No obstante, la Junta de Andalucía establece multas en función de la gravedad. Pueden tener la categoría de leve, con una cuantía que no será superior a los 3.000 euros; de graves, con una cuantía que oscila entre los 3.000 y los 120.000 euros; o de muy graves siendo la multa superior a los 121.000 euros. M. Carmen Cerezuela