De acuerdo con el anteproyecto, todas las denominaciones contarán con órganos de gestión con personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y representación paritaria de productores y elaboradores. Sus funciones se centrarán en fomentar la utilización voluntaria de los distintivos de calidad, contribuir a su promoción y establecer medidas de colaboración entre los operadores, entre otros fines. En el caso de las DOP y las IGP, estos órganos serán los Consejos Reguladores que, como principal novedad, pasan a ser considerados corporaciones de derecho público (frente a su actual dependencia de la Administración) y a asumir nuevas competencias sancionadoras en infracciones leves e imposición de medidas cautelares. Con el fin de garantizar los derechos de los consumidores, los procesos de certificación y control deberán ser realizados por laboratorios independientes de los órganos gestores y bajo la tutela del Instituto Andaluz de la Calidad. Este organismo de la Junta tendrá capacidad para autorizar el trabajo de los distintos laboratorios y organismos de control, así como realizar su evaluación y seguimiento a través de auditorías. Por su parte, la Consejería de Agricultura y Pesca podrá organizar controles oficiales sin previo aviso y, en caso de incumplimiento, hacer uso de las atribuciones sancionadoras y de medidas cautelares que le otorga la norma. El anteproyecto fija sanciones de 150 a 4.000 euros para las infracciones leves; de hasta 60.000 o el quíntuplo del valor de la mercancía no conforme para las graves, y de hasta 1,2 millones de euros o diez veces el valor de la mercancía no conforme para las muy graves. En estos dos últimos supuestos, la Administración también podrá decomisar mercancías, productos, envases y etiquetas, así como ordenar la clausura temporal, parcial o total de la empresa sancionada. Producciones de calidad El sector agroalimentario constituye la principal actividad industrial de Andalucía, con casi 6.000 empresas y más de 50.000 personas empleadas. Sus ventas al extranjero suponen el principal capítulo del comercio exterior de la comunidad autónoma. Por su parte, el sector pesquero agrupa a unas 1.900 empresas y da empleo a 13.500 personas. Las producciones de calidad de ambos sectores se reparten entre 23 Denominaciones de Origen (15 de productos agroalimentarios y ocho relativas a vinos y vinagres) y seis Indicaciones Geográficas protegidas. A ello se suman las más de 200 empresas y 800 productos que cuentan con el distintivo 'Calidad Certificada', así como los productos de la agricultura ecológica (400.000 hectáreas en Andalucía, la mitad del total nacional) y las producciones integradas respetuosas con el medio ambiente (120.000 hectáreas).