El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha transferido, hasta el pasado 31 de diciembre, 4.099 millones de euros a los organismos pagadores de las comunidades autónomas, para el pago a agricultores y ganaderos de las ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC).

Estos pagos corresponden a las solicitudes que se presentaron entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2009, que se hacen efectivas a partir del 1 de diciembre de cada año. Para esta ocasión, excepcionalmente, la Comisión Europea autorizó el adelanto del pago del 70 % de las ayudas directas a partir del 16 de octubre de 2009. Este anticipo ha permitido adelantar 2.245 millones de euros de ayudas directas entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre de 2009.

Durante el mes de diciembre, los organismos pagadores de las comunidades autónomas han hecho efectivos otros 1.854 millones de euros, con los que se llega a los 4.099 millones de euros pagados a 31 de diciembre, lo que constituye la mejor cifra de pagos de los últimos años. Estos importes han aumentado un 16,3 % con respecto a la misma fecha el año pasado, como consecuencia del adelanto generalizado del calendario de pagos en todas las comunidades autónomas, fruto del esfuerzo administrativo realizado por éstas y por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para poder atender las necesidades del sector agrario.

El capítulo más importante de los pagos realizados, que afecta a cerca de 860.000 beneficiarios, es el correspondiente al Régimen de Pago Único con 3.160 millones de euros pagados hasta el 31 de diciembre, lo que supone que, a esa fecha, en el conjunto de España, se ha pagado el 93% del importe total, frente al 80 % alcanzado el año anterior. Con respecto al resto de ayudas directas, los pagos realizados han ascendido a 939 millones de euros, siendo los más importantes los correspondientes a los cultivos herbáceos, el ganado ovino y caprino y las ayudas al olivar.

El plazo para el pago de las ayudas directas de la PAC concluye el 30 de junio de 2010. Hasta entonces, los organismos pagadores de las comunidades autónomas podrán seguir realizando pagos.