Las juntas directivas de la cooperativa CASI y de la Comunidad de Regantes "Las Cuatro Vegas de Almería" mantendrán una reunión de trabajo conjunta, dentro del marco de contactos habituales entre organizaciones de regantes y comercializadoras del Bajo Andarax.

Como asuntos a tratar en esta reunión figuran el estado de las obras de emergencia ejecutadas por Medio Ambiente para garantizar el suministro de agua para riego a la comarca y el reciente acuerdo de la Comisión Permanente del Agua, dando por constituida de oficio la Comunidad General de Usuarios de las Aguas Depuradas de las Estación Depuradora de Aguas Residuales de Almería.

Para José Antonio Pérez, presidente de Cuatro Vegas, contar con una Comunidad General permitirá a los regentes interesados, defender sus derechos más eficazmente, pero no entiende porque la Agencia Andaluza del Agua recurre a constituirla de oficio, sin la participación de los regantes implicados y sin tener en cuenta los avances de la Mesa Trabajo Multisectorial, en la que participan, además de la propia Agencia, el Ayuntamiento de Almería, los municipios del Medio y Bajo Andarax y los regantes, con el fin de constituir una Junta Central de Usuarios para la gestión integral de todas las aguas, con resultados muy positivos y muy alentadores.

Por lo que se sabe sobre el acuerdo de la Comisión, todo apunta a que no podrán formar parte de la Comunidad General de Usuarios, ningún ayuntamiento del Bajo Andarax -ni tan siquiera el de Almería, propietario de la Depuradora- ni muchas comunidades de regantes que habían solicitado su integración en ella. En consecuencia, ni ayuntamientos, ni regantes podrían regar con las aguas regeneradas, siendo la superficie excluida de riego de unas 1.000 hectáreas de invernaderos. La prohibición afectaría también a las Áreas de Oportunidad Turísticas previstas en el POT de la Aglomeración Urbana de Almería.

Los agricultores confían en poder reunirse en breve con responsables de la Agencia Andaluza del Agua en Almería para esclarecer este asunto. Así mismo no descartan recabar el apoyo de la Delegación Provincial de Consejería de Agricultura y Pesca, dado que muchas de las tierras excluidas por el acuerdo de la Comisión Permanente, se pusieron en cultivo gracias a las ayudas de esta Consejería y con unas aguas cuyo uso ahora se les niega.

Pérez cree que aunque la situación es preocupante, con sensatez, sentido común y buena voluntad, tendrá una solución satisfactoria. De no ser así, la producción de 200 millones de kilos de tomate estaría en peligro y sería la ruina para los agricultores que no podrían pagar sus préstamos. Por otra parte, más de 3.000 trabajadores del campo y otros miles ocupados en las actividades indirectas asociadas, pasarían a engrosar las listas del desempleo.