La última asamblea general en la que se volvió a plantear la venta de la desaladora parece que ha sido la gota que ha colmado el vaso, al no encontrar la propuesta elaborada el voto a favor del comunero. La actual Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes Rambla Morales no se siente respaldada por la masa social, y por tanto, se está planteando presentar su dimisión y convocar nuevas elecciones para elegir representantes que se sientan capacitados para dirigir un barco que, en estos momentos, a tenor de las circunstancias que lo rodea, navega por un mar alborotado. Y es que como asegura su actual presidente, Juan Garrido, «la situación es caótica y por mucho que hemos intentado presentar la mejor alternativa al comunero no hemos logrado una respuesta positiva». En estos momentos, «estamos estudiando seriamente la opción de abandonar y que otros miembros de la comunidad que se encuentren capacitados nos lleven a la solución que todos necesitamos». Próximamente, la Junta de Gobierno celebrará una reunión en la que decidirán la convocatoria de una asamblea para anunciar su marcha y convocar elecciones, a las que podrán presentarse todos aquellos comuneros que reúnan los requisitos establecidos en los estatutos de la comunidad de regantes.

Con «pena e impotencia», como asegura sentir Garrido, el presidente manifiesta que «no me encuentro capacitado para continuar al frente de la Comunidad de Rambla Morales, por varias cuestiones. En primer lugar porque me he sentido defraudado por los agricultores, para los que he trabajado e intentado solucionar un problema que es de todos y no he encontrado su apoyo, es más he sentido el rechazo público. En segundo lugar, porque, tal y como se han resuelto los últimos acontecimientos, la actual situación me empuja a defender una cuestión planteada por los comuneros en la que no creo, y por tanto, si no tengo fe en conseguir un resultado positivo, no tengo capacidad para actuar». Y es que, actualmente, la comunidad se enfrenta a una demanda tramitada por La Caixa en la que «se nos reclaman 136 millones de euros a razón de la deuda que mantenemos con la entidad financiera». Esta demanda, asegura Garrido, «la tenemos perdida, al menos, no creo en que podamos enfrentarnos a los argumentos que nos plantea La Caixa».

Esta entidad, después de muchas negociaciones protagonizadas por la Junta de Gobierno, planteaba la retirada de la demanda y accedía a la novación del crédito si los comuneros aprobaban la venta de la desaladora a Acuamed. Según afirma el presidente de Rambla Morales, «mirando por el bien de los comuneros y agricultores, para que puedan seguir cultivando hortalizas, esta es la mejor opción, pero, no han sabido valorarlo y ahora, se nos agota el agua para regar nuestras plantaciones, y además, podemos perder hasta la propiedad de nuestras fincas».

A la demanda general contra la comunidad tramitada por La Caixa en la que se reclama el pago de 136 millones de euros, según explica Juan Garrido, presidente de la Comunidad de Regantes de Rambla Morales, «los socios se enfrentarán de forma individual a otra demanda que ha puesto en el juzgado la entidad financiera y de la que, próximamente, cada comunero recibirá la notificación correspondiente». Este momento es el que ha tratado de evitar la actual Junta de Gobierno, «pero el agricultor no la ha tenido en cuenta, según ellos mismos, porque se han visto influencias por la plataforma creada, tal y como me han reconocido muchos después de la celebración de la asamblea en la que nos dieron todos la espalda». De todas formas, «de nada vale que, tras el calentón, hayan visto buena nuestra propuesta».

Para la actual Junta de Gobierno, con Juan Garrido a la cabeza, la mejor solución para los comuneros era la venta de la desaladora a Acuamed, hecho que les facilitaría que La Caixa retirara la demanda y se procediese a la novación del crédito que mantienen, actualmente, con dicha entidad financiera. Así, explica Juan Garrido, «el agricultor se despreocuparía de las consecuencias que pueden derivarse de la demanda, porque ya no existiría, se garantizaría el agua, a través de Acuamed, a un precio económico y sólo tendría que hacer frente al pago anual de 1.100 euros por hectárea para progresivamente ir liquidando la responsabilidad económica contraída con La Caixa». Era, «la mejor solución al problema en el que nos sumergió la anterior Junta de Gobierno», insiste el actual presidente. Visto que la masa social ha hablado en su contra y en la de toda la Junta de Gobierno de la comunidad y que, a su juicio, «he tenido que soportar calumnias que algún que otro comunero ha dicho sobre mí, sobre las que he actuado judicialmente, considero que ya no hay razón para seguir al frente de la comunidad».