Estas propuestas introducen además, según lamentan desde la organización agraria, "una mayor complejidad y abren aún más la puerta a la renacionalización y la regionalización de la PAC, en un ataque frontal al carácter común que ha distinguido hasta ahora a esta política y que socavará un principio básico como el de la unidad de mercado".

La propuesta profundiza también en su renacionalización al trasladar a los estados miembros o incluso a las regiones muchas de las responsabilidades que ahora ostentaba la propia Comisión y que tenían un carácter común para todos los agricultores europeos.

Y es que, contrariamente a lo anunciado, la reforma que se planteaba desde la simplificación, introducirá una mayor complejidad e incertidumbre al trasladar los mecanismos propios del funcionamiento del segundo pilar al primero -tal como se plantea en los denominados planes estratégicos-, lo que generará problemas de gestión en el primer pilar, el de las ayudas directas, y podrá conllevar mayor incertidumbre y retrasos en los pagos.

La Comisión Europea plantea además una nueva arquitectura medioambiental que, además de ser más compleja, establece mayores exigencias que pueden restar eficiencia a la actividad agraria de las explotaciones.

En lo que respecta a los mecanismos de gestión de mercados, la CE persiste en su desmantelamiento, continúa por la senda abierta en 1992 y no aporta medidas nuevas para salvar oscilaciones de mercados que puedan sufrir los agricultores y ganaderos en determinados periodos, más graves si cabe en momentos de volatilidad de mercados como los actuales.

Le CE se esfuerza en vendernos medidas de carácter cosmético como la figura del "agricultor genuino" (antes agricultor activo) o la introducción de límites en el pago de las explotaciones, medidas de cara a la galería cuya finalidad está más que en entredicho.

Desde ASAJA aseguran ser "firmes defensores de que los pagos lleguen en toda Europa a aquellas explotaciones donde se realice una agricultura efectiva y real".

Por su parte, la introducción de medidas de limitación de pagos o Capping carece de argumentación técnica o económica y ha sido rechazada por las organizaciones agrarias europeas y cooperativas integradas en el COPA-COGECA. No se ha valorado el impacto que tendría la aplicación de esta medida sobre la estructura de las explotaciones y sus repercusiones en las inversiones, el empleo, la capacidad productiva y la capacidad exportadora de las explotaciones.

No obstante, la reforma contiene también algunos aspectos positivos, según anuncian desde ASAJA. Mantiene la estructura de la PAC en dos pilares, permite que el estado miembro mantenga el sistema nacional -lo que ofrece la posibilidad de que España mantenga el modelo actual de pagos directos- y apuesta por la financiación íntegramente comunitaria de las ayudas directas.

Y por último, también entre los aspectos positivos para ASAJA, la reforma profundiza en el relevo generacional y la innovación, fundamentales para garantizar la continuidad de la actividad agraria más allá de 2027.

Desde ASAJA han manifestado que no se puede responder a más obligaciones con menos dinero por lo que entendemos que para desarrollar una propuesta agrícola a la altura de las expectativas es fundamental que se incremente el presupuesto de la PAC, y consideramos que la declaración común en defensa de una financiación adecuada para la PAC que firmaron ayer en Madrid los representantes de Francia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Portugal y España es un punto de partida fundamental, por lo que el Gobierno de España debe perseverar para lograr que se amplíe el número de países firmantes de esta declaración.

Asimismo, desde ASAJA mantienen su apuesta por una posición nacional fuerte que permita defender en Bruselas una PAC al servicio de los agricultores y ganaderos con un presupuesto fuerte que garantice que se cumplen con todos los objetivos.