De esta forma, el Gobierno ha adoptado esta medida que beneficiará a todos los agricultores y ganaderos con una reducción de la base imponible que tendrá un impacto positivo de 600 millones de euros.

Así se recoge en el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio, especialmente afectado por la actual situación de emergencia sanitaria, que, en su artículo 9 fija una reducción del rendimiento neto de la actividad que beneficia a los productores del sector primario.

Durante la reunión, en la que han participado representantes de las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA, el ministro ha recordado que la orden anual por la que el Ministerio de Hacienda establece los módulos viene fijando, en los últimos años, una reducción general del rendimiento neto de módulos del 5 % -previo informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-, lo que supone una reducción de 15 puntos extra sobre la situación actual.

Para el ministro, se trata de una excelente noticia para el sector, que va en la línea de las peticiones formuladas por las organizaciones profesionales agrarias el año pasado, ya que durante esta Legislatura se mantendrá el sistema de módulos y de estimación objetiva, así como la bonificación al gasóleo agrícola y pesquero.

Ha informado de que el ministerio ya ha enviado en diciembre a las comunidades autónomas la solicitud de informe para proponer una reducción adicional del sistema de módulos para aquellas explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas, en 2020, por circunstancias climáticas de carácter excepcional.

Además, el ministro ha destacado que el real decreto-ley atiende otra de las peticiones formuladas por el sector como lo es la posibilidad de que los contribuyentes agrarios que hayan renunciado acogerse en 2020 al sistema de estimación objetiva, pueden volver a acogerse al mismo en 2021 o 2022 y no tienen, por tanto, que estar fuera de este sistema durante 3 años. Asimismo, se ha abordado el asunto relativo a las tarifas eléctricas y el regadío.

Reforma de la PAC

Por otra parte, en la reunión se ha abordado el estado de situación de la reforma de la Política Agraria Común (PAC). Planas ha señalado que el acuerdo general sobre el paquete legislativo de la reforma de la PAC, alcanzado por el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE en octubre del año pasado, proporciona un equilibrio adecuado entre una mayor ambición ambiental y climática de la PAC y los objetivos económicos y sociales de esta política.

Mientras, en España se sigue avanzando en la elaboración del Plan Estratégico, a través de un debate político con las comunidades autónomas y el sector, para avanzar de manera coordinada en los diferentes aspectos de la aplicación de la PAC en nuestro país. Ha incidido en que “todos debemos hacer un esfuerzo para que la PAC sea un éxito”.

Ha remarcado en que se pondrá el acento en la agricultura familiar y profesional. En la reunión monográfica sobre la PAC, que se celebrará en mayo con las comunidades autónomas, se concluirá el modelo de aplicación de esta política en España, acordado también con el sector agrario. El objetivo es tener un primer borrador en julio, que esté aprobado a principios de 2022, para que se pueda poner en marcha el 1 de enero de 2023.

Planas ha valorado la alta coincidencia entre las necesidades identificadas por España y las recomendaciones de la Comisión, lo que demuestra el buen trabajo realizado por el Gobierno, las comunidades autónomas y el conjunto del sector para definir las necesidades de la agricultura y ganadería.

En referencia al desarrollo rural, el ministro ha comentado que se continuará con el modelo actual, si bien ha propuesto incluir una reserva de eficacia para que aquellas comunidades autónomas con una mejor ejecución de fondos tengan acceso a financiación adicional.

Ha recordado que los 729 millones de euros del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), provenientes de la partida “Next Generation EU”, para España están cofinanciados al 100%.

Ha indicado que ya se encuentra en el Parlamento la modificación de la ley de la cadena alimentaria, con muchas novedades, entre ellas, el ámbito espacial, que ya no será solo de aplicación en España, sino en el conjunto de la Unión Europea. Ha recordado que, en una primera fase, el cambio adoptado en febrero respondió ya a las peticiones realizadas por las organizaciones agrarias para dotar de mayor transparencia la formación de precios, a través de la obligatoriedad de realizar contratos escritos, lograr una remuneración justa de todos los eslabones y reequilibrar así la cadena.

Ha destacado que, tal y como pedía el sector, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) contará con un incremento presupuestario de un 32 % para reforzar su capacidad de inspección.

Asimismo, Planas ha pedido la colaboración del sector para que hagan llegar al Gobierno sus aportaciones de cara a la elaboración de los reales decretos que articulen las inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en lo que se refiere al ámbito agroalimentario.