Con respecto a la PAC, ha recordado que España contará con un presupuesto suficiente, 47.724 millones de euros para el periodo 2021-2027. Fondos que, con la cofinanciación de las administraciones y los planes de recuperación, ascenderán a más de 53.000 millones de euros con los que agricultores y ganaderos podrán hacer frente a los desafíos de la próxima década: sostenibilidad ambiental, digitalización y relevo generacional, con especial atención a la mujer, para trabajar por una igualdad real de género en el medio rural.

Ha remarcado que la negociación de la PAC entra en su recta final tanto en la Unión Europea como en España. En la negociación española, su papel será el de “facilitador” para lograr un gran pacto entre las 17 comunidades autónomas que tienen que ponerse de acuerdo entre sí. “Actuaré también como árbitro” en la próxima conferencia sectorial de finales de mayo -de la que saldrá el modelo de aplicación de la PAC en España- para alcanzar un gran acuerdo nacional en torno a la política agraria. El ministro ha mostrado su compromiso por propiciar “un proceso público, transparente, para llegar a un elevado grado de consenso y lograr una buena PAC para todos”.

En el ámbito europeo, bajo presidencia portuguesa, Parlamento, Comisión y Consejo negocian la futura PAC desde el pasado mes de octubre. Hasta el momento se han celebrado seis trílogos sobre los planes estratégicos, cuatro para tratar sobre el reglamento horizontal (gobernanza y control administrativo) y tres con la Organización Común de Mercados Agrarios (OCMA) como objeto. Negociaciones que continuarán en los próximos meses y que tendrán como conclusión la elaboración normativa de la CE sobre la PAC entre mayo y septiembre de este año.

Bilaterales en abril y conferencia monográfica en mayo 

De forma paralela, y en las próximas semanas, el ministro ha anunciado que iniciará reuniones bilaterales con todas las comunidades autónomas para explorar los puntos de acuerdo sobre cuestiones fundamentales y antes de que se celebre la tercera y última sectorial monográfica de la que saldrá el modelo de aplicación de la PAC en España.

Entre las cuestiones clave está la definición de agricultor genuino, en la que se deberá tener en cuenta el caso de los pequeños perceptores de ayuda y la simplificación de las regiones de pago. A este respecto, Planas ha señalado el esfuerzo que va a suponer llegar a un acuerdo sobre el número a adoptar, “que aún no está escrito”, pero se ha mostrado dispuesto a trabajar con las comunidades autónomas para encontrar una fórmula que pueda ser aceptada por todas.

Por otra parte, se ha referido a la necesidad de concluir el proceso de convergencia, de manera que, dentro de una misma región, la ayuda básica a la renta, al final de dicho proceso, dos agricultores en semejantes condiciones reciban el mismo apoyo a la renta.

También se abordará la necesidad de introducir un pago complementario redistributivo, así como los aspectos relativos a la degresividad de las ayudas a partir de 60.000 euros y la limitación de los pagos a partir de 100.000 euros, teniendo en cuenta los costes salariales y los costes imputables a los servicios contratados por las explotaciones.

En cuanto a las ayudas asociadas, hay un amplio consenso en mantener la tipología actual de estas ayudas, sin perjuicio de que sea necesario realizar ajustes puntuales. Igualmente, los ecoesquemas serán otro de los puntos sobre los que habrá que acercar posiciones.

Además, el ministro ha mostrado sensibilidad con algunos sectores con problemáticas específicas para encontrar una solución, por ejemplo, el sector del tabaco en Extremadura.

En lo que se refiere a los jóvenes agricultores, “proponemos que se destine al menos el 2 % primer pilar para facilitar su incorporación a la actividad agrícola y ganadera”. Ha recordado el compromiso de este Gobierno por reducir la brecha de género en la actividad. “España ha logrado incorporar el enfoque de género en la PAC”, ha remarcado Planas.

El ministro ha señalado que, tras la reunión de mayo, España presentará a la Comisión Europea un borrador informal de plan estratégico nacional antes de agosto. Ha confiado en que podría estar definitivamente presentado a la Comisión Europea a finales de 2021 o a comienzos de 2022, con suficiente tiempo para hacer los desarrollos legislativos y técnicos, antes de la aplicación de la nueva PAC el 1 de enero de 2023. “Un cronograma muy apretado”, ha señalado.

Transición y convergencia

Hasta que entre en vigor la nueva PAC, para los años 2021 y 2022 ha habido que asegurar que agricultores y ganaderos puedan seguir percibiendo los apoyos de la PAC, ha explicado el ministro en referencia al real decreto de transición, que cumple con las recomendaciones de la Comisión que ha instado a España a continuar con la convergencia. El ministro se ha mostrado abierto a debatir acerca del proceso de convergencia para la nueva PAC, incluyendo -en el acuerdo global- la convergencia del año 2022.

Con este decreto se lleva a cabo una transición escalonada y gradual hacia la nueva PAC. La convergencia, ha repetido el titular de Agricultura, es una exigencia reiterada de la Comisión Europea desde 2015 y supone una redistribución de las ayudas en términos de equidad para acabar con las discriminaciones actuales.

Brexit

Luis Planas ha informado, por otra parte, sobre el resultado de las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial con Reino Unido tras su salida de la Unión Europea.

Acuerdo que ha puesto en valor, porque en el ámbito agroalimentario se ha cerrado sin aranceles ni contingentes, lo que facilitará mantener los flujos comerciales de exportación, mientras que en el pesquero permite a la flota trabajar con total normalidad y sin apenas fricciones.

El sector también lo ha valorado, ha destacado Planas, aunque tendrá que adaptarse a la nueva situación con la carga administrativa que conlleva el hecho de que el Reino Unido ya no forme parte de la Unión Europea y sea ahora un país tercero. En este sentido, ha comentado que el Reino Unido ha comunicado hoy su intención de aplazar la exigencia de certificados fitosanitarios y veterinarios que inicialmente iba a comenzar a partir de abril. El ministerio está reforzando los recursos humanos y telemáticos necesarios para que no se generen distorsiones y los flujos comerciales puedan seguir como hasta ahora, si bien habrá que adaptar los procesos a la nueva situación.

Por lo que se refiere a la pesca, la negociación fue dura, pero con un resultado positivo para España porque mantiene elstatu quoen el acceso a las aguas británicas de la flota española. Se cerró como España había solicitado: con una cesión de cuotas directamente proporcional a la actividad pesquera de cada Estado miembro en aguas británicas.

Ha valorado que fuera del acuerdo se quedaran los stocks del sur que utiliza fundamentalmente la flota de bajura como la caballa, bacaladilla, anchoa y jurel.
Un acuerdo que dota de la necesaria estabilidad a la flota pesquera española.