Ya en enero de 2020, ASAJA denunció que el incremento aprobado para ese año resultaba desproporcionado porque, acumulado al del año anterior, suponía un aumento de casi un 30% del coste salarial mínimo legal. Las protestas que entonces se hicieron oír argumentaban que para buena parte de las explotaciones agrícolas y ganaderas de nuestro país resultaba inasumible, porque llegaban en un momento de grave crisis de rentabilidad debida fundamentalmente a los bajos precios en origen y a los altos y crecientes costes de producción. Las dos últimas subidas aún no han podido asumirse por los empresarios agrarios.

Desde enero de 2020 hasta hoy, en un escenario todavía de pandemia y con grandes incertidumbres, las condiciones se han endurecido aún más para el sector agrario, con mayores exigencias en todos los frentes (productivo y medioambiental) y con un incremento de los costes de producción como consecuencia de la subida de precios de carburantes, luz, abonos, fertilizantes, sin que se haya arbitrado ningún tipo de apoyo para hacer frente a esta situación.

Para ASAJA es de todo punto rechazable esta subida de costes salariales que, no olvidemos, lleva aparejada de inmediato un crecimiento encadenado de los costes de cotización a la Seguridad Social, así como los costes indemnizables. En relación a estos últimos, no podemos olvidar que está a punto de aprobarse una reforma de la contratación temporal que va a penalizar gravemente a los empresarios agrarios obligándoles a que prácticamente toda su contratación sea indefinida y esto incrementarálos costes extintivos notablemente.

Además, una nueva subida complicaría aún más la negociación colectiva en el sector, en buena parte de las provincias, donde en estos momentos se encuentra paralizada como efecto de las subidas precedentes del SMI.

ASAJA siempre ha defendido el diálogo social y ha trabajado en la búsqueda de consensos y, por supuesto, considera razonable la evolución hacia una mejora de las condiciones salariales de los trabajadores agrarios. Sin embargo el sector productor agrario no puede hacer frente a estas subidas del SMI sin que de forma paralela se adopten medidas de apoyo para compensar el crecimiento exponencial de los costes sociales. Se da la circunstancia de que desde este año el sector agrario ya no cuenta con las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social por transformación de contratos eventuales en contratos fijos o fijos discontinuos.

Todo ello sin contar además que desde el 1 de junio se ha estado incrementando la cuota de autónomos, congelada por motivos de la crisis sanitaria y que viene a sumar a los costes derivados de cotizaciones y SMI.

A partir del 1 de octubre las sanciones costarán un 20% más

En las jornadas Agroganaderas de ASAJA-Almería del pasado fin de semana las relaciones laborales también tuvieron su espacio en una ponencia en la que se dieron a conocer algunas novedades; de este modo, el departamento laboral de ASAJA-Almería informó de que a partir del este 1 de octubre se incrementará en un 20% el valor económico de las sanciones por motivos laborales, tal y como quedó contemplado en la llamada Ley del teletrabajo o trabajo a distancia. Así la sanción leve pasa de 625 a 750 euros, la sanción grave pasará a costar 7.500 euros y la muy grave hasta 225.018 euros.

También se incrementan las sanciones en materia de Prevención de riesgos laborales, pasan en el caso de que sean graves de 2046 a 2451 euros y a 49.181 para las muy graves. De hecho las medidas preventivas y en especial lo relativo a la COVID, los reconocimientos médicos y la formación son algunos de los aspectos que más tiene en cuenta la inspección en sus visitas a las explotaciones agropecuarias. Además, se recuerda que otra novedad es que desde abril es obligatorio tener un registro salarial para garantizar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres.

Así, y ante esta presión sobre el sector agrario ASAJA considera deberían articularse medidas de apoyo al sector más incisivas como son los incentivos fiscales a la contratación e incluso fórmulas de apoyo financiero directo que cubran el incremento de los costes laborales asociado a la subida del Salario Mínimo Interprofesional.