En palabras de Andrés Góngora, miembro de la Ejecutiva Estatal y Responsable de Frutas y Hortalizas (FYH) de COAG, uno de los sectores agrícolas más afectados por esta reforma, el Real Decreto "es un eufemismo en sí mismo.

En él solo se abordan cuestiones menores y se deja de lado los verdaderos problemas del trabajador inmigrante. Solo refleja modificaciones pequeñas que además no resuelven la necesaria adaptación a la reforma laboral". La modificación del Reglamento, que entrará en vigor el 15 de agosto (excepto algunos artículos suprimidos del capítulo 'Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de duración determinada' que lo harán dentro de un año), es el primero de los pasos que la Administración Central encara para afrontar una reforma completa de la Ley de Extranjería actual.

Este primer movimiento supone el inicio de una serie de trámites parlamentarios dirigidos a una reforma normativa de mayor calado y profundidad, en la que resultaría incoherente, y contraproducente para su viabilidad, dar la espalda al sector agrario. "Resulta urgente la agilización de estos trámites pues la discordancia generada en la actualidad entre la reforma laboral y la ley de extranjería pone en una situación muy difícil al sector agrario -indica Góngora- La reforma de la Ley de Extranjería es urgente pero su tramitación no puede hacerse a espaldas del sector agrario.

Resulta prioritario establecer una Mesa de Negociación Específica para agricultura y ganadería, siendo éstas algunas de las áreas de mayor absorción de trabajadores inmigrantes", concluye el responsable de FYH de COAG. Así estos primeros pasos legislativos no resultan suficientes ni satisfactorios al no subsanar problemas latentes entorno a la inmigración ni las lagunas legales que se han generado a raíz de la entrada en vigor de la reforma laboral.

El sector agrario resulta interlocutor primordial al tratarse del principal actor en este tipo de relaciones tanto laborales como migratorias. La voz de agricultores y ganaderos puede ofrecer un análisis de necesidades y expectativas para ambas partes que el actual Real Decreto no ha tenido en cuenta por falta de visión y perspectiva. De ahí lo vital de contar en el proceso de tramitación con las experiencias, visiones y circunstancias del ámbito agrario.

Las modificaciones más importantes del reglamento se circunscriben a tres áreas: la formación, la actualización del arraigo laboral y social, así como de la reagrupación familiar, y la creación de una nueva figura de arraigo a través de la formación.

En concreto, y respecto al arraigo social, una medida positiva que se adopta es la ampliación de la presentación de cualquier categoría contractual, siempre que garantice el Salario Mínimo Interprofesional. Sin embargo, el texto genera ambigüedad y equívocos al surgir una discordancia entre el año de concesión de autorización por parte de la oficina de extranjeros y la modalidad de fijos-discontinuos, recogida en la nueva reforma laboral, pues en el sector agrícola la actividad está asociada a periodos de entre 9 y 10 meses.

Se trata de un solo ejemplo de varios déficits que se observan en esta primera reforma presentada y aprobada por el Consejo de ministros que podrían ser fácilmente subsanados y esquivados, en los futuros trámites a abordar, si se construye un diálogo social con todos los agentes implicados del sector agrario. Para esta organización agraria resultaría muy negativo y perjudicial para todos encarar una reforma normativa del calibre que se planea sin convocar, de manera urgente, una Mesa de Negociación Específica para agricultura y ganadería, fijando, preferiblemente y como mínimo, un calendario de trabajo antes de que den comienzo las vacaciones estivales.

Ante estas circunstancias, el responsable de COAG concluye que "sería impensable que el Gobierne actúe de espaldas a los agricultores y ganaderos, que haga oídos sordos a las necesidades del sector y que actúe a sus espaldas, siendo una de las principales áreas de desarrollo social y laboral para el trabajador inmigrante".