Los agricultores de la provincia de Almería se encuentran muy afectados por la subida de los costes energéticos del agua de regadío, duplicándose en menos de año el precio del agua para las comunidades de regantes de la agricultura almeriense. Por este motivo, COAG expondrá mañana ante la reunión con el Ministro de Agricultura, Luis Planas, las necesidades más urgentes que se deben aplicar para que el regadío de la provincia no perezca asfixiado por esta situación.

Entre las medidas concretas para la provincia que se exigirán mañana en la reunión del Comité Asesor Agrario del Ministerio de Agricultura se encuentran: la reducción al 10% del IVA para las comunidades de regantes y la activación de las principales obras hídricas de la provincia que están aún a la espera de su resolución, como la ampliación de las desaladoras de Balanegra, Carboneras y Cuevas de Almanzora o (aunque comparte competencias con la Junta de Andalucía) la activación de un plan efectivo para el aprovechamiento de las Aguas Depuradas, como medida de urgencia para rescatar el déficit presente en los acuíferos debido a la sequía que travesamos.

En este sentido resulta indignante que una comunidad de regantes de nuestra provincia haya visto que, con un consumo de un 30% superior al del año anterior, haya pagado más del doble de la factura abonada en 2021, lo que se traduce en un aumento del precio del kw/h en un 94,42% interanual incluyendo todos los gastos de la factura (impuestos, potencia, etc). 

Situación dramática en toda España

El regadío en España se encuentra asfixiado en todo el país por los altos costes energéticos, que se han incrementado más del 90% en el último año. Asimismo desde COAG también se reclamará mañana al Ministro de Agricultura, Luis Planas, durante el mencionado Comité Asesor Agrario la puesta en marcha de la doble potencia, un sistema que permite establecer dos consumos diferentes al año coincidiendo con las épocas de mayor y menor necesidad hídrica para el regadío.

Actualmente el regadío supone casi el 70% de la producción agrícola total. Por tanto, un incremento en los costes de producción- como es el caso del aumento del precio de la electricidad- repercute directamente al precio que paga el consumidor por los alimentos, máxime en un contexto de inflación como el actual.

Además, las comunidades de regantes, al ser corporaciones de derecho público, no pueden desgravarse el IVA por ser consideradas consumidores, por lo que el sistema actual convierte al IVA en un coste directo más para el productor. Esto es, el sistema fiscal penaliza de esta forma el modelo de gestión del agua en España.

En este sentido, la normativa europea permite aplicar un IVA reducido del 10% para la electricidad, como ya se viene haciendo en otros países- es el caso de Italia-. Del mismo modo, la normativa comunitaria también contempla la posibilidad de contratar doble potencia, además de seguir incentivando las energías renovables mediante ayudas directas al autoconsumo, contribuyendo a una reducción de los costes de producción y a una mejora del medio ambiente.