La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) valora el rechazo en bloque del Parlamento Europeo a la propuesta de reglamento del Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios impulsada por la Comisión Europea, que recoge, entre otras cuestiones, la reducción de hasta el 65% del uso de fitosanitarios para 2030. “Nos alegramos de que haya imperado el sentido común y la responsabilidad entre los europarlamentarios. Sin alternativas eficaces y plazos realistas, la propuesta de la Comisión Europea dejaría indefensos a los agricultores para combatir las plagas y provocaría una fuerte subida del precio de los alimentos al consumidor. El informe de impacto realizado por la Universidad de Wageningen apunta que la aprobación de este reglamento provocaría una pérdida del 20% de la producción vegetal europea y, en consecuencia, un mayor aumento del precio de los alimentos”, ha apuntado Miguel Padilla, Secretario General de COAG.        

Durante los últimos meses, COAG ha mostrado su rechazo a las distintas instituciones comunitarias en base a las siguientes consideraciones:           

Es intolerable la hipocresía de la Comisión Europea respecto a la no exigencia de estas condiciones a las importaciones de terceros países. Perpetuaría la competencia desleal con nuestras producciones. Pedimos reciprocidad: las exigencias que se aprueben en la UE deben cumplirlas las producciones agrarias que entren al mercado comunitario.      

Es inaceptable la utilización de los fondos PAC para financiar este reglamento.      

La fecha de 2030 es poco realista. No hay plazo suficiente para acometer esa transición sin alternativas viables para el agricultor.      

Se olvida de los grandes avances y esfuerzos por parte del sector para reducir el uso de los fitosanitarios, caso de la Gestión Integrada de Plagas y la lucha biológica. “Los agricultores somos los más comprometidos con el uso sostenible de productos fitosanitarios y el cuidado del medio ambiente. Trabajamos en el medio ambiente y queremos seguir desarrollando nuestra actividad profesional, por muchos años, en el mejor entorno”, ha afirmado Andrés Góngora, responsable de Producción Agrícola de COAG.        

Resulta inadmisible que no se haya escuchado la voz de los agricultores antes de redactar este reglamento. Las cuestiones que afectan directamente a la actividad agraria deberían dirimirse de forma prioritaria en las comisiones de Agricultura y no en las de Medio Ambiente, como ha sido el caso. “Las normas sobre producción de alimentos no las puede marcar el lobby ecologista radical”.