COAG y ASAJA han puesto en marcha un acuerdo que establece precios mínimos de venta para los productos ante la dificultad de los agricultores para poner precios acordes a los costes de producción. En él se ha establecido un precio de 0,60 euros para el pimiento de California y lamuyo en todos sus colores, 0,40 euros para el calabacín, pepino, berenjena y pimiento italiano y 0,30 euros para el tomate. Otro de los acuerdos a los que han llegado es la celebración de una mesa de reuniones que se haga con periodicidad semanal y en la que se fijen los precios. En ella también se tratarán las estrategias de mercado o el volumen de la producción.

El presidente de ASAJA, Francisco Vargas, espera que "el acuerdo se nutra de fuerza y siga adelante para que los productos de Almería y también de Granada o Murcia salgan al mercado con un único precio a través de este acuerdo comercial":

Las empresas EcoHal y Coexphal han firmado este acuerdo, que según el secretario provincial de COAG, Andrés Góngora, tiene "lagunas, pues es un órgano recién nacido que hay que fortalecer, pero está basado en la transparencia y en la confianza con los agricultores".

Para Góngora este acuerdo supone "un hito histórico para la provincia", ya que los agricultores han luchado por el cambio en el modelo de comercialización y ahora se produce, porque el precio del producto tienen en cuenta los precios de producción y no se vende por debajo de éstos.

Pero COAG y ASAJA están preocupados por los incumplimientos de los acuerdos preferenciales: "Estamos hartos de pedir al Gobierno que controle los productos y que éstos nos pasen por delante provenientes de Marruecos", ha señalado Góngora.

Para estas organizaciones agrarias el principal enemigo de los agricultores es el Tribunal de la Competencia, al que le piden que "igual que está prohibido vender por debajo de lo que ha costado un producto también esté prohibido vender por debajo de los costes de producción, ya que los agricultores no pretenden enriquecerse sino no perder dinero".

COAG y ASAJA también trabajan para conocer la forma legal para entrar en las empresas almerienses que traen productos de Marruecos y que después modifican las etiquetas y ponen como origen del producto Almería, algo que consideran "un delito".

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