La Organización Agraria considera que los contratos pueden ser una herramienta interesante para el sector, pero habría que adaptarlos no sólo a la normativa española sino también a la realidad del sector hortofrutícola para que realmente sean una herramienta útil que garantice el cobro de unos precios dignos que cubran los costes de producción. El modelo francés puede suponer un punto de partida para disponer de una herramienta útil en Cataluña y España que garantice la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, según ha comentado el responsable de la sectorial de la fruta de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC), David Borda, quien recordó que hay que incidir especialmente en el establecimiento de un albarán de entrega en el que conste el precio de coste de la fruta y verdura para que quede reflejado. Este albarán debería ser oficial e igual para todo el sector español.

Por otra parte y en cuanto al acuerdo con Marruecos, COAG considera "un punto de inflexión positivo" el retraso del proceso de ratificación del acuerdo agrícola UE-Marruecos aprobado por la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo por considerar que Bruselas ha de aclarar antes las dudas jurídicas que despierta. El responsable de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora, ha valorado este anuncio como "una buena noticia" que es consecuencia del "intenso trabajo" que la organización agraria está realizando en Bruselas.

COAG denunció en noviembre de 2010 que el acuerdo de liberalización comercial podría ser ilegal al incluir los territorios del Sáhara Occidental, zona sobre la que la ONU no reconoce la soberanía del reino alauí. En este sentido, el dictamen de los servicios jurídicos del Parlamento Europeo, adelantado por COAG la semana pasada, había detectado "cierto oscurantismo" en torno a la implicación de los mismos en el texto del acuerdo de liberalización comercial entre la UE y Marruecos. De forma literal, los servicios legales sostienen que "... no tienen información sobre si el acuerdo propuesto será aplicado en los territorios del Sáhara Occidental y como, y de qué manera beneficiará realmente a la población local. También se carece de información sobre si la mayor liberalización de dichos bienes se encuentra en línea con los deseos e intereses de la población del Sáhara Occidental...".

Bajo estas circunstancias, los servicios jurídicos recomendaban a los europarlamentarios aclarar estas cuestiones con la Comisión antes de tomar una posición respecto a la ratificación del acuerdo propuesto, y así ha sido. En la práctica, esto retrasa los pasos para la aprobación final y entrada en vigor del nuevo pacto con Marruecos, ya que en estos momentos está pendiente de que sea ratificado por la Eurocámara. En este sentido, COAG redoblará sus esfuerzos en Bruselas para que el retraso sea la antesala del rechazo definitivo por parte del pleno del PE. "Hace meses que estamos viajando a Bruselas, manteniendo reuniones con europarlamentarios y exponiendo los motivos de por qué tienen que decir 'No'. Nuestro trabajo está dando su fruto, aunque sabemos que el camino aún es largo y no vamos a parar aquí ", recordó Góngora.