La preocupación y el malestar son las notas dominantes en el día a día de agricultores y ganaderos andaluces, que no saben si mañana van a poder seguir haciendo frente a sus facturas. El precio del gasóleo se ha incrementado en un 30% en un año, alcanzando a principios de enero los 0,90 euros por litro, su máximo histórico, las tarifas eléctricas de riego se elevan un 110%, los piensos suben un 40% y mientras las principales producciones agrarias de Andalucía vuelven a venderse a los precios a los que cotizaban hace 20 años, lo que deja en pérdidas a la mayor parte de las explotaciones. Por todos estos motivos, la Asamblea General de ASAJA-Andalucía celebrada hoy en Jerez, ha decidido por unanimidad retomar las movilizaciones y realizar actos simultáneos en las ocho provincias el próximo 10 de marzo.

La situación es insostenible. Los agricultores andaluces están entre la espada y la pared, el elevado coste de los insumos -gasóleo, fertilizantes, fitosanitarios, energía eléctrica, piensos...- y el bajo precio de venta de sus producciones ha provocado el cierre de 20.000 explotaciones en los últimos tres años y coloca al borde del precipicio a los agricultores y ganaderos que aún siguen en la brecha.

Pese a que tras las masivas protestas promovidas por ASAJA en 2009 y 2010 los presidentes Zapatero y Griñán se comprometieron a elaborar sendos planes de choque para evitar el cierre de más explotaciones y aliviar la situación de los sectores en pérdidas, ambos se han limitado a poner en marcha algunas medidas cosméticas de cara a la galería, como la escuela de pastores, en el caso de Griñán, o los planes de promoción al consumo de algunos productos, en el caso de Zapatero, pero las medidas de mayor calado han quedado relegadas al fondo del cajón.

Entre estas medidas de mayor calado que permitirían el mantenimiento de la actividad agraria está la implantación definitiva del gasóleo profesional, que estaba previsto que entrará en vigor en 2009; el abaratamiento de las tarifas eléctricas al regadío, promesa de Zapatero tras la reunión con las OPAs en diciembre de 2009, el incremento del IVA repercutido de los ganaderos para equipararlo al de los agricultores, la elaboración de planes de apoyo consistentes para sectores en pérdidas (aceite de oliva, aceituna de mesa y ganadería) y la aprobación de una legislación que evite el abuso de la posición dominante, entre otras.

Entre los temas de máxima preocupación de los agricultores andaluces está el futuro sobre la reforma de la PAC, un asunto que en estos momentos se debate en Bruselas y en el que tal y como ha afirmado el presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, "Andalucía se juega su futuro, pues debido a sus especificidades y a la variedad de cultivos con los que cuenta es la región que más ayudas recibe, por lo que si no somos beligerantes y logramos que la Comisión Europea establezca criterios de diferenciación claros, nuestra región puede perder casi 1.000 millones anuales". En este asunto, tal como ha puesto hoy de manifiesto Serra, "el Gobierno de España y el Ejecutivo andaluz no pueden seguir mareando la perdiz. Ni la economía, ni el campo andaluz pueden permitirse el lujo de prescindir del 50% de las ayudas agrarias que ahora recibe Andalucía, puesto que supondría dar la puntilla definitiva al sector agrario, que es el que sostiene el tejido económico y empresarial en el mundo rural andaluz".

Entre los asuntos que más preocupan a los agricultores andaluces está la renovación del acuerdo comercial con Marruecos y la apertura de negociaciones con Mercosur, cuyas producciones suponen una competencia desleal con las de los agricultores andaluces, que están sujetos a unos condiciones sociales y medioambientales mucho más estrictas. ASAJA-Andalucía se opone a que se utilice la agricultura como moneda de cambio y ha exigido que se frene la negociación del acuerdo con Marruecos mientras siga incumpliéndose el actual, y asimismo ha pedido que en las negociaciones con Mercosur o con cualquier otro bloque de países se estudie primero el impacto sobre el sector agrario y se exija a las producciones de estos países los mismos requisitos que se nos exigen a los europeos.