Como ejemplos paradigmáticos podemos citar las mandarinas y lechugas, productos que cotizan a precios más bajos en origen (0,26€/kg frente a 0,38€/kg en febrero de 2010 en el caso de las mandarinas y 0,17€/kg frente a 0,26 en el caso de la lechuga), y  sin embargo su precio final es mayor que en el mismo mes del año anterior (1,64 €/Kg en febrero de este año frente a 1,46€/Kg en 2010 y 0,91 frente a 0,88, respectivamente).

También son destacables las caídas de las cotizaciones en el campo del resto de cítricos, naranjas (-25%) y limones (-44%), tomates para ensalada (- 43%), coliflor (-36%), pimiento rojo (-11%), pimiento verde (-10%) y aceite de oliva virgen extra (-8%). En el caso del calabacín, la diferencia porcentual del producto entre origen y destino ha alcanzado un 353%.

"El análisis no deja lugar a dudas;  agricultores y ganaderos no tiene capacidad para trasladar a los precios de sus producciones el aumento de costes que supone un petróleo por las nubes y sin embargo, las grandes cadenas de distribución están abandonando su "guerra de precios" para trasladar al consumidor final el aumento de los gastos que supone un precio de la energía alto. Una vez más, los datos evidencian que la distribución mueve los hilos de la cadena agroalimentaria a su antojo, independientemente de la evolución de los precios en el campo, e impone condiciones desde arriba para salvaguardar sus márgenes", ha apuntado Miguel Padilla, responsable de Mercados Agrarios de COAG.

Desde COAG estamos convencidos de que la tramitación urgente de la Ley de Calidad Agroalimentaria se hace más imprescindible cada día para mejorar el equilibrio y la transparencia de la cadena agroalimentaria y garantizar una alimentación sana con precios asequibles para los consumidores y justos para los hombres y mujeres del campo. Por ello, instamos a todos los ministerios implicados a considerar la importancia de esta ley y a trabajar para conseguir su aprobación de forma inmediata.

"Hemos remitido nuestras propuestas a la Ministra Aguilar para que la futura ley sirva para combatir prácticas comerciales desleales y abusivas,  mediante el establecimiento de controles más estrictos y sanciones, y  fomentar iniciativas de autorregulación mediante la elaboración de contratos-tipo,  la adopción de códigos de buenas prácticas comerciales y la compatibilización de las normativas de competencia", ha apuntado Padilla.