Fenacore se ha dirigido a la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, como máxima responsable del Consejo Nacional del Agua, con el fin de que se aborde este asunto en el orden del día del Pleno que se celebrará mañana o, en su defecto, se convoque un Pleno extraordinario para la emisión de este informe preceptivo antes de se formalice cualquier acuerdo político que suponga una nueva invasión de las competencias constitucionales en materia de aguas.

De esta forma, la Federación de Regantes sale al paso del acuerdo alcanzado entre el Gobierno Central y la Junta de Andalucía para sacar adelante un nuevo Real Decreto que, de forma transitoria, encomiende la gestión del río Guadalquivir a la Administración Autonómica, lo que supone, a efectos prácticos, convertir en válido el artículo del Estatuto de Andalucía anulado tras el fallo del TC.

En opinión de Fenacore, estas "arquitecturas jurídicas" no buscan en ningún caso acatar la sentencia sino  invalidarla, cuando su cumplimiento sólo puede garantizarse devolviendo a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir -como organismo estatal- las competencias sobre las aguas de este río, restaurando así los principios de unidad de gestión y cuenca.

Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, "cualquier otra solución o acuerdo que pretenda veladamente vaciar las competencias del Estado en esta materia derivará en multitud de contenciosos que terminarán resultando igualmente inconstitucionales. Cualquier otra solución que no pase por un organismo estatal como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir atenta contra la Carta Magna".

En este sentido, la Federación de Regantes insiste en que el respeto a las competencias del Estado es perfectamente compatible con la representación que deben tener las comunidades de Andalucía y Castilla y León en los órganos de las Confederaciones Hidrográficas, de acuerdo a su población y extensión geográfica.

Finalmente, Fenacore considera que las recientes sentencias del Tribunal Constitucional han sentado las bases adecuadas para poner en marcha un Pacto Nacional que otorgue a la Administración Central la planificación general de todas las cuencas intercomunitarias, coordinando la participación de las comunidades autónomas y garantizando la prevalencia de los intereses generales frente a una gestión localista del agua.