Las investigaciones comenzaron el pasado siete de marzo cuando varios citricultores presentaron una denuncia en el Cuartel de la Guardia Civil de Nules (Castellón) contra una empresa ubicada en la ciudad de Almería, por la compra de cítricos y no haber cumplido los términos estipulados en el contrato. La Guardia Civil recogió numerosas denuncias de propietarios de explotaciones agrícolas en términos castellonenses de Nules, La Vall d'Uixó, Onda, Vila-real, Villavieja y Burriana, ascendiendo aproximadamente la cantidad de los frutos recogidos a un millón y medio de kilogramos.

A raíz de las denuncias, la Guardia Civil de Burriana inició la denominada operación Mandarina en la que consiguió demostrar que los presuntos estafadores, estaban plenamente organizados, teniendo oficinas y almacenes alquilados en la capital y provincia de Almería, para la manipulación, tratamiento y posterior distribución de la mercancía obtenida de forma ilícita, los cuales derivaban a otras provincias de España o al extranjero, comercializándolos a menor precio del que lo adquirían.

Con motivo de las gestiones realizadas por la Guardia Civil se pudo averiguar que el grupo organizado desarticulado estafó además a agricultores de otros municipios de Valencia y de las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura, País Vasco y Castilla León, con diversos productos del campo.

La estafa ha perjudicado a agricultores, jornaleros de empresas de trabajo temporal, transportistas locales, empresas de transporte mayorista a nivel nacional y empresas de manipulación y envasado de la mercancía.

Por todo ello la Guardia Civil procedió a detener en Burriana a P.A.R.M, de sesenta años de edad, vecino de Viator (Almería); a A.P.G, de cincuenta y dos años vecino de Aguadulce (Almería). Igualmente se detuvo en la provincia de Almería a J.M.S.G, de treinta y cinco años de edad y vecino de dicha capital, y a una mujer C.V.E de cuarenta y cuatro años y vecina de Aguadulce (Almería).

Tras una primera evaluación, el importe de lo defraudado supera ampliamente los dos millones de euros, aunque la Guardia Civil continúa con las investigaciones ya que entre la numerosa documentación incautada se han localizado pagarés aun no vencidos, por lo que se espera localizar a nuevos afectados en todo el territorio nacional.