El candidato del PP a la Alcaldía de El Ejido, Francisco Góngora, ha ofrecido hoy rueda de prensa para aportar más datos sobre la "irregularidad" que los populares denunciaron la semana pasada con relación a un supuesto trato de favor del alcalde hacia una empresa de su cuñado, para lo que el equipo de gobierno habría modificado la normativa y así facilitar la instalación de una planta de tratamiento de áridos, asfaltado y aglomerado en el Camino del Capitán, en Ejido norte. A la comparecencia también han asistido parte de los agricultores afectados por la instalación de la planta junto a sus explotaciones, quienes han señalado que "el alcalde nos está buscando la ruina" y han puesto de manifiesto que no están siendo utilizados por el PP con fines partidistas, sino que "más bien somos nosotros los que les estamos usando a ellos para que nos ayuden", aseguran.

Populares y agricultores han calificado esta maniobra del gobierno local de "injusta y arbitraria" y lo fundamentan en el hecho de que "a escondidas" se haya modificado la normativa relativa a la distancia que este tipo empresas deben respetar para no perjudicar la viabilidad de las explotaciones agrícolas vecinas. Góngora, quien ha dicho sentirse identificado con los agricultores afectados por proceder de familia de agricultores, ha vuelto a insistir en que en el año 2002 el Plan General obligaba a dichas empresas a retranquearse 100 metros, para el caso de las plantas de aglomerados y de asfaltado, y 250 metros para los casos de tratamiento de áridos. De igual modo, tal y como ha explicado el popular, en julio del año 2005 se realizó la aprobación inicial de una revisión del Plan General en la que se incluía una adaptación a la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) en la que, explica, "tampoco se contemplaba ninguna modificación de esas distancias".

Asimismo, desde el PP se insiste en que en la aprobación provisional del año 2006 las distancias no habrían sufrido modificación "porque el objeto de la modificación era incluir los terrenos de la Ensenada de San Miguel como suelo urbanizable ordenado y la carretera de Almerimar, así como adaptarlo en otras cuestiones, pero no había ninguna previsión de modificarlo, ni causas objetivas que lo justificaran, en lo relativo a los retranqueos de este tipo de actividades con respecto a los invernaderos", ha asegurado el que fuera un año antes concejal de Urbanismo del Ayuntamiento. En este sentido, desde el PP se denuncia que con posterioridad, en el año 2008, "sin que previamente se haya discutido en ninguna comisión informativa o pleno de la corporación municipal, la normativa haya sido modificada para beneficiar al cuñado del alcalde, pisoteando los derechos de varias decenas de agricultores que ven cómo peligran sus explotaciones". "A última hora no puede uno encerrarse en un despacho y cambiar lo que a uno le conviene. En la aprobación definitiva se tiene que respetar lo que se ha tramitado y planteado en la aprobación inicial y provisional" ha explicado Góngora.

Durante la rueda de prensa, se ha leido textualmente una instancia que los populares han presentado al Ayuntamiento, en la que se solicita copia de los documentos diligenciados de 2005 y 2006, de aprobación inicial y provisional respectivamente "para que se demuestre que estamos diciendo la verdad". En este sentido, el popular ha dicho que "si el equipo de gobierno tuviera tanta seguridad en lo que dice, lo que habría hecho es mostrar ya estos documentos". Asimismo, los populares también han solicitado que se les haga entrega del expediente sancionador "si es que se ha iniciado, aunque todo parece indicar que no", ha explicado Góngora, refiriéndose a la actividad de la empresa y al muro de 270 metros de longitud, que linda con el Camino del Capitán, y que consideran que no respeta la distancia de 7 metros de retranqueo establecida según la normativa.

"Irresponsabilidad del gobierno local"

El candidato a la alcaldía por el PP se ha referido también a las declaraciones realizadas recientemente por la concejala de Urbanismo y Planeamiento en el Ayuntamiento de El Ejido, Adela Cantón, y ha señalado que explique "quién está actuando con irresponsabilidad". Góngora ha lamentado que "se haya llegado a la situación de que "pedir un poco de justicia en este pueblo se haya convertido en una irresponsabilidad" refiriéndose al daño que los agricultores de la zona están padeciendo por la ubicación de la planta.

Góngora ha querido expresar, asimismo, su convencimiento de que se trata de una "ilegalidad" y que su papel en la política, lejos de "generar agravios comparativos o apostar por el amiguismo", estará centrado en "defender a mis vecinos". Ha aclarado, también, que "no estoy aquí contra el alcalde o contra su cuñado, ni contra la concejala de Urbanismo, estoy intentando parar un atropello y que las normas sean igual para todos". Desde las filas populares se insiste en que dicha denuncia no responde a intereses partidistas, sino "a apoyar los intereses de unas familias, cuyos derechos no se están respetando".

Con relación a las explicaciones que el alcalde Juan Enciso ha dado relativas a este asunto, Gongora ha dicho que "está haciendo gala de un cinismo impresionante" y ha lamentado "que se crea sus propias mentiras" y que niegue que sea el responsable de aprobar las licencias "cuando éstas se aprueban en la Junta de Gobierno Local, que él mismo preside.

Mientras tanto, los agricultores afectados dicen sentirse "discriminados" por el gobierno local y, en este sentido, han pedido "que las leyes sean iguales para todos los ejidenses". "Se hace una norma a la carta, en función del interés de una persona, que eso ya es grave, pero es que además se hace pisoteando los derechos y el modo de vida de varias decenas de agricultores que tienen sus invernaderos como medio de vida", se denuncia desde el PP.

Góngora ha querido, asimismo, aclarar que "no hay ningún técnico municipal que haya hecho nada sobre este asunto" y que la concejala de Urbanismo y Planeamiento y el propio alcalde "tienen que saber perfectamente quién y cómo se ha cambiado esto". "A mí me gustaría saber por qué, por qué no se cumple con la tramitación y cuál es la causa para modificar eso y pisotear los derechos de los agricultores", ha concluido.