La consejera de Agricultura, Clara Aguilera, ha rechazado que la nueva Política Agrícola Común (PAC) pueda basar los pagos directos a los productores mediante un sistema de ayuda homogénea, también conocido por "tasa plana". Tal y como ha explicado en la Comisión de Asuntos Europeos del Parlamento, Andalucía vería considerablemente reducido su volumen de ayudas con cargo a la PAC si se aplica una ayuda homogénea en todas las regiones españolas. Si actualmente la región recibe algo más de 1.500 millones de euros en pagos directos, en ese nuevo escenario se descendería a casi 1.000 millones. Este 36,7% menos de subvenciones se traduciría en pérdidas equivalentes al 7% de la renta agraria andaluza.

En su comparecencia parlamentaria para informar sobre la posición de Andalucía ante la futura reforma de la PAC y las gestiones realizadas para defender los intereses andaluces ante las instituciones europeas, la aplicación de una ayuda homogénea para toda la Unión Europea (UE) supondría, igualmente, importantes perjuicios económicos para Andalucía, que pasaría a percibir 241 millones de euros menos de ayudas, cifra que representa una reducción del 15,2% con respecto a las ayudas actuales y un 2,95% menos para la renta agraria regional.

En ambos casos, ha advertido, los cultivos más afectados serían el olivar y los cultivos herbáceos de regadío extensivo, que podrían registrar pérdidas de ayudas europeas superiores al 50%. En ese sentido, ha explicado que, por territorios, los más afectados serían los del eje del olivar -provincia de Jaén, sur de Córdoba, sureste de Sevilla, norte de Málaga y noroeste de Granada- y el Bajo Guadalquivir -suroeste de Sevilla-, mientras que por provincias, Jaén, Sevilla y Córdoba acusarían las mayores pérdidas de renta agraria.

Por todo ello, la posición andaluza sobre la nueva PAC, que la consejera ha trasladado recientemente a la Comisión y Parlamento europeos, señala la importancia de establecer criterios que permitan que los pagos directos reflejen las diferentes condiciones económicas y naturales a las que se enfrentan los productores. En ese sentido, y con objeto de mantener el nivel de ayudas que Andalucía recibe en la actualidad, se propone que dichos criterios de diferenciación en los pagos directos tomen como referentes el sistema de explotación, el potencial productivo, y los condicionantes propios de cada zona agraria.

El posicionamiento andaluz sobre la reforma de la PAC también aboga por el mantenimiento de ayudas específicas complementarias para determinados sectores vulnerables, desde el punto de vista económico, social o ambiental. Otra de sus propuestas más destacada apunta a la necesidad de realizar estudios del impacto que supondrían los cambios propuestos en el modelo de ayudas directas para los territorios afectados, a la vez que reclama un período transitorio suficiente que permita a las explotaciones adaptarse a la nueva situación, especialmente en el caso de los territorios y sectores más sensibles.

Sobre el futuro de los mecanismos de intervención y regulación de los mercados, Aguilera ha vuelto a hacer hincapié en la necesidad de reforzarlos y actualizarlos en el marco de la futura PAC, proponiendo, entre otras medidas, vincular la actualización de los precios de activación del almacenamiento privado a los costes reales de producción.

Por otra parte, y con la finalidad de dar mayor equilibrio a la cadena alimentaria, Aguilera se ha referido, entre otras acciones, a crear un marco reglamentario que fomente las buenas prácticas comerciales y prohíba aquéllas abusivas como ventas a pérdidas, tal y como se viene denunciando en el caso del aceite de oliva.

La consejera ha aprovechado su intervención ante la Comisión de Asuntos Europeos del Parlamento andaluz para destacar, asimismo, la reciente firma de la Declaración de Almería, suscrita el pasado 6 de abril en el marco de la Expo Agro Almería. Tal y como ha resaltado, dicho documento supone el primer acuerdo alcanzado entre las 26 regiones hortofrutícolas de Europa para formar un frente común en defensa de los intereses de este sector ante negociaciones comerciales con terceros países, y para definir cuáles podrían ser los instrumentos de apoyo más adecuados, dentro de las políticas comunitarias.

Finalmente, la titular de Agricultura ha reclamado el apoyo de los grupos parlamentarios para que secunden el posicionamiento andaluz sobre la reforma de la PAC que ya ha sido suscrito por las organizaciones profesionales agrarias, la Federación Andaluza de Cooperativas (FAECA) y la Asociación de Desarrollo Rural (ARA).