En esencia, la Comisión propone eliminar el artículo 15 de la directiva del año 2003, por el cual se permite que los países miembros puedan aplicar un tipo impositivo cero a los productos energéticos y la electricidad utilizados en "labores agrarias, hortícolas, piscícolas y forestales" y en todo caso, permite un nivel impositivo a los carburantes utilizados en este tipo de actividades productivas.

La medida eliminaría el carácter fiscal especial del gasóleo utilizado en agricultura y equipararía su precio al gasóleo convencional, lo que, a juicio de UPA "sería el fin de muchos agricultores, que apenas pueden ya llenar el depósito del tractor". La medida supondría, según los servicios técnicos de la organización, una subida mínima de 30 céntimos por litro de gasoil.

Según UPA, un elemento más para la incertidumbre es la iniciativa comunitaria de incrementar la imposición a los carburantes más contaminantes: gasóleo y carbón. En este sentido, y a expensas de confirmar que el gasóleo agrícola no se viera afectado, supondría un incremento notablemente superior al anteriormente indicado por lo que las consecuencias que tendría sobre el sector agrario podrían ser definitivas.

UPA ha motivado el inicio de conversaciones entre el sector y los Ministerios de Economía y de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino para conseguir consensuar una posición "clara, rotunda y firme" que evite mayores subidas el gasóleo agrícola que supondría aumentar aún más unos costes de producción "completamente desbocados".

"En un contexto donde el propio Gobierno admite que la situación del sector agrario español es tan precaria que se hace necesario la devolución total del IEH no se entendería que se aplicaran estas iniciativas", han concluido.