Desde que en 2007 se anunciara la desaparición de las tarifas especiales de riego y la incorporación al denominado mercado libre (junio de 2008), ASAJA ha venido reclamando al Gobierno una solución pactada y sobre todo ecuámine que paliara las graves consecuencias que para la agricultura iba a tener ser el sector económico con mayor incremento de sus costes energéticos. Precisamente, dada la magnitud del problema, este fue un de los asuntos a los el presidente del Gobierno se comprometió a dar solución en la reunión mantenida con el sector agrario en diciembre de 2009.

En todo momento, ASAJA ha reclamado en la mesa de negociación la necesidad de reconocer el carácter estacional del regadío y para ello propuso como solución que se cobrara solamente por la potencia usada (esto además de lógico suponía una considerable reducción de costes para los regantes). Tras meses de trabajo e innumerables reuniones, se alcanzó un principio de acuerdo sobre el denominado contrato de temporada, que aunque no solucionaba en su totalidad el problema, resultaba necesario. Sin embargo, el Gobierno, pese a ser una propuesta suya, nunca llegó a poner en marcha los denominados contratos e interpelado recientemente sobre su futura publicación, ni confirma, ni desmiente.

Ante esta situación y en plena campaña de riegos, ASAJA ha reclamado la mediación de la ministra Rosa Aguilar para tratar de dar solución al problema. Sorprendentemente, la máxima responsable de las cuestiones relacionadas con el sector agrario, se inhibe en este asunto y señala al ministerio de Industria, Comercio y Turismo como "único competente en la materia". Esto con ser grave no es lo peor, en su descargo, la ministra apela a la necesidad de buscar el ahorro energético con argumentos tan peregrinos como son la mejora de las infraestructuras hidráulicas (precisamente de su competencia) o la necesidad de que los productores realicen auditorias energéticas con el fin de disminuir la factura eléctrica.

Respecto a la alusión a la eficiencia energética, la ministra parece olvidar que los agricultores ya realizan auditorias entre otros motivos porque la tarifa eléctrica de riego supone el segundo coste en importancia, tras la mano de obra, en la gestión de la explotación y elegir los periodos horarios mas económicos y las horas donde se produce menor evaporación del agua son prácticas habituales en los cultivos de regadío. De hecho, hay que recordar a la ministra que el sector agrario es el único que puede concentrar los consumos de riego en periodos horarios donde no producen sobrecarga y tensiones en el conjunto de la Red Eléctrica Española.

Aún así, el encarecimiento de los costes energéticos se ha multiplicado desde junio de 2008, cuando con la desaparición de las tarifas especiales de riego la factura eléctrica se incrementó en un 110%. Posteriormente, en 2009 y 2010 los regantes sufrieron un sobrecoste de 150 millones de euros y para el periodo 2011-2013 la factura podría subir en casi 200 millones de euros mas. En definitiva, para el sector agrario es de vital importancia que se regule, urgentemente, la posibilidad de cobrar sola y exclusivamente por la potencia que se usa, lo que supondría una reducción considerable de costes para los regantes.