La Comisión Europea debería proponer hoy a los ministros de Agricultura que se utilicen parte de los 2500 millones de euros de los remanentes de la Política Agrícola Común (PAC) para reparar en lo que se pueda los daños ocasionados" subrayó en el pleno la eurodiputada del PP, Esther Herranz, quien inició su intervención expresando su solidaridad con las familias de las 23 víctimas mortales y las más de 1.500 personas afectadas por la variante mortal de la bacteria.

La eurodiputada del PP subrayó que existen los precedentes de la crisis de la enfermedad de las " vacas locas" y de la dioxina para estas indemnizaciones a los afectados. "Si existe percha legal y hay dinero no veo qué razones puede alegar la Comisión Europea o los ministros de Agricultura de la UE para no conceder o retrasar una decisión sobre las ayudas", explicó la eurodiputada del PP.

Por otra parte, Esther Herranz afirmó que Alemania debería ser la primera en apoyar esta solución, ya que sus responsables políticos y, en concreto, la ministra socialista de Agricultura de Hamburgo los causantes de la ruina de muchas familias de productores. Además, apuntó, "deberían sufragar con sus propios fondos campañas de comunicación para restablecer la confianza de los consumidores en las producciones hortofrutícolas españolas".

Durante el debate también intervinieron otros diputados del PP, como Teresa Jiménez-Becerril y Gabriel Mato, para reclamar a los ministros no sólo que actúen con contundencia y sin demora sino para restituir el prestigio de la las frutas y hortalizas que llevan la marca "España".

Reforma urgente del sistema de alerta sanitaria

Los eurodiputados del PP reclamaron también una reforma urgente del sistema de alerta sanitaria entre los países de la UE. "Se han cometido fallos importantes empezando por las imputaciones temerarias y precipitadas de una responsables política regional recién llegada al cargo que ha desencadenado una alarma social y una crisis económica irreparable. La comunicación de los riesgos sanitarios a la opinión pública es una tarea difícil y delicada y tiene que estar perfectamente documentada y constatada", manifestó la eurodiputada del PP, Pilar Ayuso.

La eurodiputada del PP acusó también a la Comisión Europea de no haber estado "a la altura de las circunstancias".

El reglamento actual obliga a los Estados miembros a comunicar el riesgo sin demora en un plazo de 48 horas y a la Comisión Europea a transmitir esa información al resto de países tras verificar que la información es veraz y legible. "Está por ver si se han cumplido esas condiciones", manifestó Pilar Ayuso.

Para la eurodiputada del PP, especialista en asuntos de seguridad alimentaria, la reforma del sistema debe "definir con precisión los procedimientos para gestión de las autoridades nacionales; asignar errores u omisiones al agente causante en la cadena alimentaria -para eso está la trazabilidad-; evitar que la protección de la salud esconda barreras comerciales y disponer de procedimientos compensatorios en el caso de daños al comercio y al lucro cesante".