Si bien el debate político, durante su tramitación, se centró en los nuevos criterios de exclusión (o corte) de sustancias activas, al no basarse en estudios de impacto y sí en percepciones de riesgo, el nuevo reglamento, contempla mecanismos que permiten compartir la carga de trabajo que supone la evaluación de sustancias y productos fitosanitarios, mediante el establecimiento de tres zonas de trabajo conjunto de las autoridades responsable,  un estricto procedimiento de reconocimiento mutuo de autorizaciones entre países y establecimiento de plazos muy estrictos, lo cual debería suponer una agilización de la llegada de nuevas soluciones al mercado. De igual manera, se contempla un sistema de incentivo para el registro de productos en los cultivos menores, los más afectados por la falta de soluciones fitosanitarias.

‘La nueva normativa puede ser una oportunidad o un reto, depende de su aplicación y desarrollo. Es la implementación la que hace buenas o malas las leyes. El sistema de autorización de fitosanitarios vigente hasta ahora en España no era bueno, ni malo, pero sí el más lento de Europa, con plazos superiores a 5 años.  En este sentido, creemos que la aplicación de la nueva legislación debe ser un motor y no un freno para la producción agrícola', afirmó Carlos Palomar, Director General de AEPLA, la Asociación Empresarial de la Protección de las Plantas.

Ante  la preocupación por el actual aumento del precio de las materias primas, organismos como la FAO han llamado a incrementar de manera sustancial la producción de alimentos, el concepto de uso sostenible toma otra dimensión, no se trata sólo de proteger el medio ambiente, que también, sino de de incrementar la productividad de los cultivos y garantizar la calidad y seguridad de los alimentos, como también ha quedado demostrado con la reciente crisis de los pepinos y otras hortalizas en Europa.  Es lo que viene denominándose Agricultura Sostenible Intensiva, para la que resulta imprescindible la protección fitosanitaria, con una apuesta decidida por la innovación. La industria está dispuesta a ello, pero esto requiere de un entorno reglamentario, coherente, predecible y aplicable, en el que además de decisiones políticas, sean necesarios profesionales y aportaciones científicas.