Durante la reunión que mantenían ayer los representantes del sector con las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se trazaban las acciones inmediatas que seguirán de forma conjunta para continuar reparando el daño ocasionado. El Gobierno mantiene su rechazo a la propuesta y aseguró que el próximo Consejo de Ministros defenderá una ampliación de productos que puedan justificarse. Asimismo,  se acordó trabajar en obtener el máximo rendimiento del Reglamento comunitario que compensará a los productores afectados, así como  «favorecer un cambio en el reglamento en el ámbito de la promoción para valorizar mejor los productos españoles en los mercados europeos», según apuntaron desde la Subdelegación de Gobierno en Almería.

Desde la Federación Nacional de Exportadores, en consonancia con la Federación de Cooperativas Andaluzas, mantienen que la comisión «tiene la responsabilidad y la obligación de indemnizar al sector hortofrutícola con el 100% del daño generado por su mala gestión», señalan desde Fepex. Esta federación considera que «el Gobierno español debe demandar a la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al no haber atendido la institución, los daños por pérdida de producción y comercialización de los productos, por los daños comerciales debido al descenso de los precios y los daños de imagen que ha provocado la crisis». Esta misma posición es compartida por las tres organizaciones agrarias, así como el resto de asociaciones que representan a la comercialización hortofrutícola. Sobre este asunto, según comentó el secretario provincial de Coag, Andrés Góngora, presente en la reunión, «El Gobierno no ha descartado la posibilidad de demandar a la Comisión Europea por incumplimiento de protocolo en la publicación de la alerta alimentaria, así nos lo han comunicado».

No obstante, en estos momentos, como indica el responsable de Coag, «hay que centrarse en lo que tenemos y obtener el mayor rendimiento de las posibilidades que nos ofrece la Comisión». Por ello, «es importante que justifiquemos todas las pérdidas que se han generado». Según El Gobierno, afirmó Góngora, «el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, estaría dispuesto a ampliar más adelante el presupuesto de las ayudas en caso de que fuese necesario». Ante ello, «tenemos que trabajar para, al menos, conseguir todo lo que se nos ofrece, seguir peleando y agotando todas las vías, aunque sin descartar, claro está, indemnizaciones a través de la Justicia».

Para intentar un mayor alcance de las justificaciones de pérdidas,  el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino volverá a convocar una reunión con los responsables de las Comunidades Autónomas de definir el modelo de justificación, con el objetivo de consensuar un modelo único para todo el territorio nacional. Al respecto, Francisca Iglesias, secretaria general de UPA-Almería, lamenta que «los encargados de coordinar el modelo no hayan sido tan efectivos como los responsables en otros países, puesto que en otras zonas productoras han tenido más éxito en esta fase y han justificado más fácil».

«Una vergüenza»

Para la Federación Andaluza de Empresarios Comercializadores de Productos Hortofrutícolas (Ecohal) la propuesta de la Comisión Europea, según su gerente, «es una vergüenza, un escándalo y una desfachatez». La gran parte de empresas que integran la federación no están constituidas como Organizaciones de Productores y «se quedan al margen de beneficiarse de cualquier tipo de ayudas». Existen dudas sobre la manera de solicitar indemnizaciones por las pérdidas que han registrado. Zamora explica que «entendemos que no podemos optar ni a las pérdidas que hemos tenido en los primeros días, cuando previamente a la alerta se había comprado género al agricultor, se había manipulado y almacenado para enviar al mercado y finalmente, se tuvo que destruir». Al respecto, el gerente asegura que «la Junta nos ha transmitido que con total seguridad no podremos ser beneficiarios».

Según Asaja, «más del 60% de los 210 millones de euros presupuestados los van a recibir los agricultores holandeses que recibirán 126 millones de euros,  mientras que España, la gran perjudicada, recibirá poco más de 37 millones de euros, es más la propia Alemania recibirá 16 millones».

Desconcierto general al mantenerse la alerta alimentaria

Una de las alertas por presencia de ‘E.coli' en pepino cultivado en España se mantiene publicada aún en el Sistema de Alertas Rápidas de la Unión Europea, concretamente la que mencionaba al pepino ecológico. Para Miguel Cazorla, responsable de Agrieco, una de las empresas señaladas por las autoridades alemanas, «es intolerable y una tomadura de pelo de las autoridades Europeas. Cazorla reprocha a las autoridades del Gobierno central y de la Junta de Andalucía que no hayan actuado cuando «se comprometieron en Almería a trabajar para que se retiraran las alertas, y por tanto las sospechas sobre el producto».

J. E. R.