Por este motivo, ha añadido, "aunque coincidimos en que España debe contar con una posición sólida para abordar con fortaleza el proceso negociador, somos partidarios de que desde el primer momento los intereses regionales se tengan en cuenta para la modificación de reglamentos". Para el Gobierno central, el acuerdo para definir la aplicación de la PAC en España se abordaría después de que se alcance un acuerdo en el seno de la Unión Europea sobre los textos propuestos por la Comisión. Según el consejero, "este planteamiento puede dar lugar a que en el debate europeo se cierren aspectos en los reglamentos que condicionen de manera decisiva su posterior negociación con las regiones".

En este sentido, ha recordado que "las propuestas de reglamentos de la Comisión Europea sobre la PAC ya están publicadas y es preciso que se incluyan en la negociación desde el principio para evitar que se crucen líneas rojas en este momento del proceso". Sánchez Haro ha subrayado que el propio documento del Ministerio propone cuestiones como que las asignaciones financieras o el modelo de pagos desacoplados y acoplados se aborden en esa segunda fase, "lo que puede ocasionar que una vez que haya concluido el debate en las instituciones europeas ya no haya margen para el modelo de pagos disociados que queremos en Andalucía o que se queden, por ejemplo, fuera de las ayudas acopladas sectores estratégicos para nosotros, como es el caso por ejemplo de la aceituna de mesa".

Sobre la ficha financiera prevista para la futura PAC, el consejero ha resaltado que coincidimos con el Ministerio en que, al menos, debe mantener el volumen económico de apoyo con el que cuenta hasta ahora en el presupuesto comunitario para la Unión Europea a 27 (tanto para el Primer como para el Segundo Pilar). Y en consonancia, "se debe garantizar también que los agricultores, ganaderos y la industria agroalimentaria de las diferentes comunidades autónomas no pierdan peso financiero".

Asimismo, ha añadido que en el caso particular de Andalucía "nuestra reivindicación pasa no sólo por el mantenimiento de ese apoyo económico, sino que consideramos que nuestros agricultores y ganaderos deben recuperar el nivel de ayudas anterior a la última reforma".

En este sentido, ha aclarado que "este elemento debe aplicarse igualmente dentro de España a sus diferentes comunidades autónomas, ya que nuestro país tiene una diversidad de sistemas agrarios comparable a la diversidad que existe a nivel europeo". Por este motivo, para el consejero, "sería contradictorio defender en el ámbito europeo la necesidad de planes nacionales y no hacer lo propio a nivel regional".

Para el representante del Gobierno andaluz, la existencia de planes regionales permitirá además un diseño coordinado entre las actuaciones de los dos pilares (el de ayudas directas y gestión de mercados y el de desarrollo rural), que con un programa nacional de Primer Pilar y programas regionales del Segundo Pilar será muy difícil de conseguir.

En este punto, ha recordado que las comunidades autónomas tienen experiencia sobrada en la gestión y control de los fondos europeos agrícolas de la PAC. "Desde el año 1996 las comunidades somos los Organismos Pagadores de la PAC, es decir, responsables en la gestión y control de los fondos agrícolas del Primer y el Segundo Pilar, lo que significa ser competentes en convocar, recepcionar, conceder y pagar las ayudas, actuando el Ministerio como organismo de coordinación", ha concluido.